2017-07-24
EXPERIENCIA INSPIRADORA: Narración que vincula estrechamente la problemática del Buen Vivir en términos de acceso a la tierra y la vivienda digna, desde la lucha social que demandan comunidades en Córdoba (Argentina), no solo en el acceso sino también en la titulación y demás derechos para una vida digna.
Esta experiencia participó en el Concurso Contar para Encantar en el marco de la XV Asamblea General de ALER
El acceso a la tierra y a la vivienda digna parece ser una de las grandes deudas en todo el mundo. La provincia de Córdoba, ubicada en el centro de Argentina tiene 165.321 km² de superficie y 3.308.876 de habitantes. A simple vista, podemos imaginar un territorio lo suficientemente extenso en donde los cordobeses y las cordobesas vivimos en casas con un amplio parque para disponer de la manera que se nos ocurra. Sin embargo, esto no sucede y la realidad es un tanto más dura.
El agravamiento de la concentración demográfica producto del proceso migratorio impulsado por el monocultivo sojero, ha provocado que en la provincia de Córdoba el 84,47% de la población viva en centros urbanos, y sobre el total de la población, el 41%, reside en la ciudad capital según datos oficiales.
Una década atrás, la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la Nación, estimó que más de 13 millones de personas tenían dificultades para acceder al suelo en la Argentina. Las razones son muy diversas, pero entre las principales podemos enumerar: la especulación inmobiliaria y financiera, la falta de regularización del suelo urbano y rural, y la falta de políticas de hábitat social. Frente a esta ausencia de políticas públicas sumado a la mercantilización del suelo, la respuesta más inmediata que han encontrado amplias franjas sociales es la toma de las tierras y la ocupación de lotes subdivididos.
La Mutual Carlos Mugica trabaja la producción de lotes con servicios y brinda asesoramiento legal y técnico sobre la posesión de tierras. Radio Comunitaria La Ranchada, emisora de la Mutual, no ha sido ajena a los procesos colectivos por el acceso a la tierra y vivienda, y desde el año 1989 acompaña a los sectores populares en sus luchas y reivindicaciones. En este marco se fue gestando la Mesa de Trabajo por el Hábitat Popular, conformada por la Comisión Provincial de Tierras, La Mesa de Tierras de la zona oeste de Córdoba y el Movimiento de Organizaciones sociales Padre Carlos Mugica, que finalmente se conformó en Octubre de 2015.
Preguntarnos por los orígenes de la Mesa por el hábitat popular nos obliga a hacer un breve recorrido por algunas de las organizaciones de base que participaron de su gestión. Entre los actores fundamentales para este proceso, se encuentra el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Villa Siburu, un barrio cercano al centro de la ciudad, la Mutual Mugica y Radio la Ranchada.
Los Centro de Integración Comunitaria (CIC) son dependencias estatales que funcionan en los barrios populares del país con el fin de articular políticas públicas con y desde el territorio. El CIC de la Villa Siburu, fue la principal referencia para los vecinos y vecinas del asentamiento El Sauce cuando se vieron amenazados ante un posible desalojo.
Durante muchos años la titularidad de la tierra no resultó ser un problema para la comunidad, sino a partir de la instalación del complejo habitacional de una corporación privada, la empresa GAMA S.A en el año 2012. Las primeras construcciones que se iniciaron modificaron el espacio generando la interrupción del curso natural de los desagües, lo que provocó el desborde del canal y por lo tanto la inundación del asentamiento. Este acontecimiento originó la demanda al CIC por parte de los vecinos de El Sauce, quienes se contactaron con la institución que en ese momento brindaba acompañamiento y ayuda ante la emergencia. Durante el mes de agosto de 2012 comenzaron a realizarse obras de entubamiento a lo largo del canal maestro sur; cuando las máquinas topadoras invadieron los hogares del asentamiento comenzó la disputa por la tierra y los límites del espacio frente a la posibilidad de relocalización, en primer lugar, de 18 viviendas ubicadas a orillas del canal.
A finales de año, frente esta situación las familias empezaron a movilizarse de manera colectiva para indagar información sobre las tierras y las posibilidades de regularización dominial en defensa de su propiedad. La organización no fue un paso sencillo, sino más bien se construyó de manera paulatina en un doble proceso que implicó por un lado que los vecinos comenzaran a interrogarse por sus derechos y a movilizarse por estos; y por otro lado los vínculos establecidos con el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y el acompañamiento que la institución estatal brindó en esa lucha otorgándole legitimidad.
En este proceso de lucha y resistencia la Mutual Mugica, especialista en hábitat social, junto al CIC gestionaron información sobre el origen de las tierras, que resultaron ser fiscales y no privadas como se pensaba originalmente. Esto abrió la posibilidad de pensar en un proceso de loteo[1] y urbanización. De esta manera los vecinos comenzaron a participar en espacios comunitarios para ser reconocidos como barrio.
Así, desde el trabajo articulado entre instituciones de apoyo, se generaron diversas propuestas, como talleres de urbanización y cooperativas de trabajo, y se desarrollaron gestiones con respecto a la titularidad de los terrenos. De modo que éste fuera el primer punto para que los y las habitantes del asentamiento pudieran ser dueños de sus tierras, y que ésta sea la base para reclamar los servicios básicos.
Tal vez una de las acciones más representativas de este proceso fue la conformación de una Mesa de Gestión Local, iniciativa sugerida por los vecinos y vecinas. Dicha mesa se reunía cada 15 días, funcionaba como espacio de comunicación de avances con respecto a las tierras, el basural ubicado en el asentamiento, la contaminación del canal y la erradicación de las viviendas que se encontraban a la orilla del mismo. Este proceso se llevó adelante a finales de 2012 y un año más tarde se vio interrumpido por la demora en los trámites legales referidos a la regularización dominial, sin embargo continuaron las cooperativas de trabajo y las demás actividades propuestas por el CIC, como por ejemplo la Mesa de Tierra, un espacio para planificar actividades y delinear una estrategia de acción en torno a políticas públicas de tierras y viviendas.
Entrado el año 2014, la Mesa vuelve a tomar impulso por la celeridad de los trámites. Las reuniones de la Mesa se organizaron con mayor frecuencia, se delinearon acciones comunicaciones de manera estratégica: el grupo de trabajo propuso armar un micro semanal en el programa barrial de radio La Ranchada, donde compartían las novedades y la lucha con la audiencia que, vale aclarar, son organizaciones y personas vinculadas a algún proceso de tierra y vivienda.
Este acontecimiento, no fue ajeno a radio La Ranchada, que desde el primer momento hizo eco del reclamo de la comunidad a través de entrevistas a los vecinos y vecinas, integrantes de esa mesa de gestión que expresaron su rechazo al emprendimiento inmobiliario. Así, la situación de El Sauce tomó estado público ya que el trabajo de comunicación fue el contacto permanente con el territorio y el seguimiento del caso, interpelando a las autoridades y revisando las legislaciones vigentes.
La permanente presencia de la emisora generó un fuerte vínculo entre los vecinos y vecinas, el CIC y la Mutual, dando origen a la capacitación en comunicación popular a grupos de jóvenes del barrio. Estos talleres comenzaron de manera informal, como una necesidad planteada por los mismos actores involucrados en el proceso, pero fueron el puntapié para que emisora impulsara un ambicioso proyecto de comunicación comunitaria.
A mediados de 2013, La Ranchada puso en marcha el proyecto de Cabinas de Comunicación Comunitaria, cuyo objetivo era dotar de dispositivos tecnológicos a ocho organizaciones barriales para realizar transmisiones radiales desde el territorio. El CIC de Villa Siburu fue una de las instituciones con las que se delinearon acciones estratégicas para trabajar la promoción de diversos derechos con jóvenes del barrio y desde dónde surgió otra organización vecinal.
Fruto de este proceso de organización y lucha sostenida, para agosto de 2015 las organizaciones lograron que la Secretaría de Acceso al Hábitat Nacional afectará las tierras fiscales ocupadas en El Sauce a un proceso de urbanización social. Actualmente, y debido al cambio de gestión de las últimas elecciones (diciembre 2015), tanto en el ámbito nacional, provincial como municipal, las organizaciones están planificando y gestionando la ejecución de un proyecto de mejoramiento barrial.
Crédito: Pierina Propato[2]/ Radio La Ranchada – Mutual Carlos Mugica
Para leer más puedes acceder al Libro Siembras del buen vivir: Entre utopías y dilemas posibles. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (2016). Quito – Ecuador
