Autor: Leonel Herrera, Arpas
Fecha de Publicación: 2021-05-03
El pasado sábado 21 de mayo, mientras sindicatos y organizaciones laborales marchaban por las calles de San Salvador para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en la Asamblea Nacional se instalaba la nueva legislatura dominada abrumadoramente por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele.
Y al respecto, la expectativa era que la nueva gestión parlamentaria mostrara un comportamiento distinto al de sus antecesoras, tal como había prometido el presidente Bukele y otros voceros de su partido. Pero no, en vez de eso, los diputados y diputadas oficialistas decidieron destituir en forma ilegal, arbitraria e injustificada a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General, y acto seguido nombraron en dichos cargos a nuevos funcionarios afines al gobierno.
El hecho constituye una atentado mortal contra la institucionalidad y la democracia, pues elimina la separación de poderes y la lógica de pesos y contrapesos necesaria en todo régimen democrático. Como han denunciado diversas organizaciones nacionales y actores de la comunidad internacional, se trata de un golpe de estado parlamentario contra el Órgano Judicial, avalado y celebrado por el Ejecutivo.
Si el golpe perpetrado ayer por los diputados de Bukele no es revertido, habrá que dar por muerta la democracia salvadoreña, democracia que era imperfecta e insuficiente en muchos aspectos pero que fue el resultado de luchas históricas del pueblo salvadoreño que, para desmontar una dictadura militar de cinco décadas, libró una guerra de doce años que costó la vida de más de 75 mil personas y una cantidad indeterminada de desaparecidas.
Con este desmantelamiento de la institucionalidad y la democracia, El Salvador consolida un gobierno autoritario y populista que controla los tres poderes del estado y cuyo presidente se mantiene en ofensiva contra cualquier disidencia o crítica, principalmente contra periodistas y medios que publican información crítica de su gestión.
Es muy probable que en los próximos días también sean destituidos los magistrados de la Corte de Cuentas, al Procurador de Derechos Humanos y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con lo actuado el pasado 1o de mayo por la Asamblea Nacional, El Salvador se suma a Honduras y Nicaragua, países vecinos con gobiernos autoritarios donde también la democracia está muerta.
