El reclamo nacional e internacional por su situación ya inquieta al gobierno de Mauricio Macri. Tanto que esta semana el ministro de Justicia Germán Garavano recibió a los integrantes del Comité que pide su libertad y que ante ese funcionario denunciaron las arbitrariedades que está cometiendo el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, de la misma fuerza política que Macri, y varios miembros del poder judicial de esa provincia contra Milagro Sala y otros 10 integrantes de su organización que están presos.
La integrante de ese comité, Estela Díaz, aseguró en Contacto Sur, que el estado argentino “debe ser garante del cumplimiento de los derechos humanos en todo el territorio nacional”. Según ella, el ministro “nos reconoció que ya tuvieron que contestar varios requerimientos internacionales y en este momento están respondiendo a preguntas que se les hacen desde Naciones Unidas”.
Milagro Sala es una dirigente social de origen indígena, líder de la organización Tupac Amaru y además parlamentaria electa del MERCOSUR. En enero se la encarceló por organizar un acampe de protesta en una plaza pública. Ante el rechazo de organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, se la acusó de supuesta asociación ilícita para beneficiarse con fondos públicos que su organización recibía para realizar obras.
Estela Díaz aclaró que “nosotros no estamos pidiendo que no la investiguen sino que tenga los mismos derechos que cualquier ciudadano y que mientras está procesada e investigada pueda estar libre”.
Milagro Sala y su organización consiguieron construir 9 mil viviendas, dar trabajo, lugares de recreación con polideportivos y piletas de natación, centros de educación y de salud a miles de familias de Jujuy que antes no tenían esos derechos garantizados. En ese camino cosechó enemigos, que son los que hoy gobiernan y controlan la justicia de esa provincia.
Hoy está presa sin que la investigación en su contra haya finalizado en condena. Presa como no lo están otras personas poderosas en el país que también están procesadas por la justicia por graves delitos. Uno de ellos es el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, acusado de una defraudación de más de 55 mil millones de dólares cometida contra el país cuando era funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa.
Horas después de esta importante reunión con el ministro de Justicia Germán Garavano, fue detenida otra mujer integrante de la organización que lidera Milagro Sala. Se trata de Graciela López, que venía denunciando hostigamiento y persecusión del gobierno de Jujuy y que sufrió, la semana pasada, un violento allanamiento en su vivienda donde la mantuvieron varios minutos con una escopeta en el cuello. Con ella ya son 12 los presos políticos de Jujuy: Milagro Sala y 11 de sus compañeros y compañeras.
