Recientemente el presidente Nayib Bukele anunció el lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial, la principal política de seguridad del gobierno salvadoreño denominada “incursión”, que pretende incrementar en un 100% la presencia de efectivos militares en tareas que corresponden a la Policía Nacional Civil (PNC) e incursionar en “territorios dominados por pandillas”.
Este anuncio de militarización se traduce en un aumento de 20 mil a 40 mil efectivos que retomaría el control de los territorios, rol que les fue proscrito por los Acuerdos de Paz y que incluso trasgrede las disposiciones constitucionales.
Organizaciones de derechos humanos y de población en general manifiestan su preocupación ante el retroceso histórico que esto puede representar para la institucionalidad democrática de El Salvador, así como la posibilidad de fortalecer el carácter represor ante posibles movilizaciones y protestas sociales.
Juan Carlos Sánchez de la Fundación para el Debido Proceso manifiesta que se hace necesario apelar a los mecanismos y organizaciones internacionales sobre derechos humanos para generar las alertas correspondientes, así como considerar alternativas que permitan mantener el sendero democrático, tales como estrategias integrales de prevención del delito con mejores condiciones socioeconómicas como educación, bienestar, empleo; desarticulación de la impunidad y fortalecimiento de procedimientos y capacidades éticas – profesionales de la policía civil y nacional.
Producción: Norma Ramírez, Donaldo Barahona, ARPAS – El Salvador
