Autor: Leonel Herrera, Arpas
Fecha de Publicación:
En diferentes lugares de América Latina latina y el Caribe se realizan acciones de lucha popular que reivindican el agua como un derecho humano y como un bien público.
Organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y pueblos indígenas de la Patria Grande resisten a iniciativas privatizadoras del vital líquido que impulsan corporaciones privadas a través de sus operadores políticos; al mismo tiempo que promueven normativas y políticas públicas que garanticen el acceso al agua para toda la población, la protección de las cuencas, la descontaminación de ríos y quebradas, el carácter público de los entes rectores de las políticas hídricas y la participación comunitaria en la gestión del vital líquido.
En El Salvador, la presentación de una propuesta de ley privatizadora por parte de la derecha parlamentaria ha provocado significativas expresiones de diferentes organizaciones e instituciones en favor del derecho humano al agua y la gestión pública del vital líquido.
Primero fueron el Foro del Agua que aglutina a las organizaciones que históricamente han demandado la aprobación de una Ley General de Agua, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) y otras redes del movimiento social salvadoreño las que plantaron su rechazo a la propuesta de la derecha que busca mercantilizar el agua otorgándole a la empresa privada el control de la institucionalidad hídrica.
Luego la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La Procuradora Raquel Caballero -a pesar de haber sido nombrada a propuesta de la derecha parlamentaria- reivindicó en un contundente pronunciamiento el agua como derecho y bien público que debe ser gestionado por el Estado.
Después la Iglesia Católica. El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en sintonía con la postura del Papa Francisco favorable al derecho al agua, rechazó la perspectiva privatizadora y la propuesta de ley de la derecha.
Tras su rol determinante en la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica, la jerarquía católica busca ahora incidir en la promulgación de una ley de agua pensada desde el derecho humano y no desde los intereses lucrativos.
En este contexto de creciente rechazo a la privatización y de reivindicación del derecho al agua, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) presentó una propuesta alternativa que ya está en el seno de la Asamblea Nacional. La iniciativa es respaldada por la PDDH, la Iglesia Católica y las organizaciones populares, entre éstas ARPAS, la coordinadora de radios comunitarias de El Salvador.
La propuesta de la UCA plantea un ente rector totalmente público y un espacio consultivo integrado por representantes de diferentes sectores sociales, académicos, gremiales y comunitarios.
ALER respalda las luchas populares que defienden el derecho al agua, que rechazan las políticas privatizadoras de los bienes hídricos y proponen la gestión pública del vital líquido.
