El domingo 6 de noviembre se realizaran las elecciones en Nicaragua para elegir al presidente, diputados nacionales y diputados ante el Parlamento Centroamericano, PARLACEN.
Cuatro partidos políticos y dos alianzas se disputan estas elecciones, en donde el gran favorito sigue siendo el Frente Sandinista, que gobierna Nicaragua desde el 2007.
Todas las encuestas de la empresa MYR le han dado buenos resultados al partido gobernante y otorgan un 69% de intención de voto favorable al sandinismo. Además se asegura que un 80% de la población está dispuesta a votar en estas elecciones.
Sin embargo el grupo de Jóvenes por la Libertad, integrantes de la Coalición Nacional por la Democracia mediante un pronunciamiento rechazaron el actual proceso electoral denunciando la falta de transparencia y la exclusión de esta organización política.
Pero diferentes agrupaciones sindicales y de trabajadores sandinistas no le dan credibilidad a estos llamados de la oposición y al contrario manifestaron su respaldo a la fórmula del presidente Ortega.
Andrea Morales de la Federación de Trabajadoras Domésticas, de la Central Sandinista de Trabajadores dijo que era evidente el apoyo popular al mandatario.
En la misma línea se pronunció Adrián Martínez, de la Confederación de Trabajadores por Cuenta propia que aglutina más de 85 mil personas, quien enumeró una serie de beneficios que les ha otorgado el partido sandinista estando en el poder.
“Efectivamente el partido sandinista tiene el apoyo de la mayoría del pueblo, porque ha sido un gobierno que se ha preocupado por los verdaderos problemas de la ciudadanía”, dijo el sociólogo de afinidad sandinista Orlando Núñez.
Marcia Sobalvarro, integrante de Ciudadanos Unidos por la Libertad, y de la Coalición Nacional por la Democracia, que fue excluida del proceso electoral opina que “el partido sandinista ha acaparado todas las esferas de poder, mediante leyes, decretos y políticas públicas encaminadas a establecer en Nicaragua un partido único, utilizando todos los medios para descabezar a la oposición y violentar los derechos humanos en el país de las personas que piensan distinto”.
Por primera vez en la historia democrática desde 1990 el Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista, se negó a invitar a los observadores internacionales quienes tradicionalmente llegaban al país 6 meses antes para observar todo el proceso y se limitaron solo a invitar para el propio día de las elecciones a partidos políticos de América Latina y de la Organización de Estados Americanos OEA.
