En América Latina no cesa la criminalización de las protesta social como así la persecución de defensores del ambiente y el asesinato de líderes comunitarios que luchan por los bienes comunes.
Panamá no escapa de esa realidad. Y a partir de la imposición de las políticas neoliberales, el sector social organizado ha tenido una dura batalla contra el poder político criollo, han reformado leyes y vulnerado los Derechos Humanos, la consulta previa e informada y la soberanía de Panamá.
Pueblos indígenas y campesinos organizados luchan contra todo un andamiaje político en la concesión y permisos para extraer aguas y tierras, para la generación energética, mineral y el negocio territorial.
Entre los casos que podemos mencionar está la persecución y encarcelamiento a la dirigencia indígena Ngäbñe Büglé en el caso de la hidroeléctrica Barro Blanco. O las amenazas de muerte a la ambientalista Ligia Arreaga en la provincia de Darién por defender la Laguna Matusagaratí. O las amenazas e injuria a la dirigencia campesina del río Cobre por el empresario Eduardo Vallarino. Y hasta una demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO y otros.
Se puede entrar al portal digital change.org y buscar: Petición de cancelación al modelo extractivo minero en Panamá.
Este sábado 22 de abril Día de la Tierra y domingo se realizaran tuitazos y usted puede unirse con los #22deabrilDiadelaTierra #PanamaSinMineria
En Contacto Sur vespertino analizamos la situación junto a Iliana Molo de la organización Afropanameña Soy y de la Red de Derechos Humanos de Panamá y con Ricardo Martínez del Colectivo Voces Ecológica (COVEC), representante de la campaña antiminera.
Informe: Olmedo Carrasquilla, Radio Temblor, Panamá.
