Durante toda la semana se han realizado manifestaciones, tortuguismo, bloqueos y se sostiene una huelga indefinida, para presionar al Gobierno para que retire de la corriente legislativa la propuesta de reforma fiscal.
Mientras se mantienen las manifestaciones por segunda semana consecutiva, voceros del gobierno, medios de comunicación y usuarios de las redes sociales, ejecutan una campaña de criminalización contra quienes participan en las protestas.
La tensión aumentó por la alerta sobre el suministro de gasolina por supuesto sabotaje en la red de tuberías que transporta el combustible en las provincias de Limón y Alajuela y por los bloqueos en los planteles de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).
La noche del pasado domingo, se dañó la tubería en el coyol de Alajuela y hubo daños en el plantel de Moín, pero, aunque aún no se ha podido identificar a los responsables, el gobierno fue rápido para responsabilizar al movimiento y a los sindicatos, acusándolos de llevar a cabo acciones criminales.
En Resumen, el gobierno hace señalamientos al movimiento y a la huelga en general por hechos que aún no se han investigado.
Los sindicatos se han desmarcado de los actos vandálicos contra Recope y han pedio al gobierno que investigue quiénes son los verdaderos culpables. Para algunos activistas, estas son maniobras oscuras para crear pánico, caos y una reacción negativa por parte la población.
El mismo Comandante de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, considera irresponsable culpar a los manifestantes de lo ocurrido sin que el organismo de investigación judicial haga las averiguaciones.
El ministro de la presidencia, Rodolfo Piza, aseguró que la huelga no ha tenido apoyo pese a que las encuestas muestran todo lo contrario.
Condenó los actos de vandalismo y sabotaje al tiempo que negó su responsabilidad política en todo lo que ha pasado y mantuvo el discurso de amenaza del ministro de seguridad, Michael Soto, con respecto a la aplicación de la fuerza contra los manifestantes.
Trabajadores del sector público instalaron una vigilia permanente en las afueras de la Asamblea Legislativa donde la fracción del partido Liberación Nacional, propuso hacer una pausa en el trámite del proyecto de ley y los miembros de la fracción de Restauración Nacional solicitaron la devolución del proyecto a la comisión especial.
El gobierno envió una carta formal a los sindicatos para iniciar un diálogo.
Fabiola Pomareda de Voces Nuestras nos informa:
Foto: Voces Nuestras
