El aterrizaje del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 4 en América Latina y el Caribe
Por Camilla Croso, Coordinadora de la CLADE. Twitter: @camillacroso e @redclade
Es notorio que un amplio conjunto de redes y organizaciones hermanas de la sociedad civil de todo el mundo, que luchan por la plena realización de los derechos humanos, tuvieron una intensa participación e importante incidencia en las negociaciones que culminaron en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en septiembre del 2015, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese escenario, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se involucró especialmente en los debates y definiciones del ODS 4, que propone asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, a lo largo de la vida.
Tras un gran entusiasmo por la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030, el actual escenario de América Latina y el Caribe presenta tremendos retos para la regionalización, aterrizaje e implementación de la Agenda como un todo y del ODS 4 en particular. Por un lado, algunos retos son intrínsecos al proceso y ya eran esperados. Es el caso del desafío de la socialización de la Agenda y de la creación de arquitecturas y procedimientos regionales y nacionales que permitan un seguimiento eficaz al cumplimiento de los Objetivos.
Aun así, vamos a pasos lentos en esos frentes. Pasado más de un año desde su adopción, la Agenda sigue lejos de ser conocida por las personas de la región, sea por las bases, sea por parlamentos, ministerios y secretarías de los gobiernos.
Transparenta que la negociación de la Agenda involucró directamente a un grupo relativamente pequeño de personas, organizaciones de la sociedad civil y sectores gubernamentales.
Asimismo, en América Latina y el Caribe, todavía hace falta la existencia de arquitecturas regionales y nacionales que apoyen la implementación de la Agenda y que dialoguen orgánicamente con instancias y procesos de seguimiento existentes a nivel internacional en Naciones Unidas. Las pocas existentes, suelen no incluir estructuralmente a las organizaciones de la sociedad civil.
Para esta breve reflexión desarrollada en ocasión del aniversario de Together 2030, quisiera subrayar otros tres aspectos que se sitúan como retos para la Implementación de la Agenda en la región, poniendo énfasis en lo que toca al ODS 4. Un primer aspecto, que pone en riesgo no solamente la Agenda, sino toda la consecución y vigencia de los derechos humanos, se relaciona con el debilitamiento- o incluso la ruptura- del orden democrático en distintos países de la región. El ejemplo más claro es el golpe que tuvo lugar en Brasil, destituyendo sin que hubiese crimen de responsabilidad a una presidenta democráticamente elegida por el voto popular, poniendo en su lugar un gobierno ilegítimo. Gobierno que, entre sus muchas medidas regresivas, ataca la educación pública del país desde cambios legislativos estructurales, como la propuesta de enmienda constitucional que congela el gasto público en educación para los próximos 20 años (la PEC 55), así como la reforma educativa de la enseñanza media.
Foto – Midia Ninja
Bombas de gas lacrimógeno durante manifestación en contra la PEC 55 en Brasil (2016)
Además de este ejemplo paradigmático, que tiende a repercutir en otros países de la región, constatamos la creciente criminalización de estudiantes y docentes en distintos países, como ocurre en Brasil, Chile, Paraguay, Honduras y México, con detenciones arbitrarias, procesos de judicialización, violencia policial y hasta casos de asesinatos. O sea, aunque la Agenda 2030 se caracteriza como una Agenda de y para las personas y aunque la participación social sea reconocida como clave en su texto, en concreto advertimos un cierre de espacios de participación y una escalada en la criminalización de defensores de derechos humanos.
Foto: Diario Uchile
Represión estudiantil en Chile (2016)
Un segundo obstáculo que observamos, el cual se relaciona con el cierre de espacios colectivos de debate y toma de decisiones, es un creciente involucramiento del sector privado empresarial en la definición de las políticas públicas. En el campo educativo eso se observa nítidamente, como ocurre en Brasil, Colombia y México, en donde empresarios de la educación son protagonistas en la definición de la política, los sentidos y los contenidos educativos, desde orientaciones y premisas que poco o nada tienen que ver con la Agenda 2030. Además, aunque la Agenda determina 12 años de educación gratuita, ese principio básico del derecho a la educación es puesto cada vez más en jaque mientras que el lucro y la comodificación de la educación se ponen cada vez más en el orden del día. No por casualidad, este año tanto Brasil como Argentina deciden entrar en las negociaciones del TISA (Trade in Services Agreement), al lado de Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú, quienes ya integraban las negociaciones del tratado.
Represión Estudiantil en Honduras (2016)
Para terminar, destacamos el reto de la regionalización de la Agenda, en el sentido de que el proceso de aterrizaje sea efectivamente calibrado para los contextos y diversidades de la región. La regionalización implica un extendido debate y apropiación de la Agenda, para desde ahí poder trazar los matices, dar sentido a sus objetivos y metas, incluso vis-à-vis los marcos legales ya existentes en la región, y determinar las estrategias y los caminos adelante, siempre reconociendo la amplia participación social como clave. Para el campo educativo, la dimensión del respeto a la diversidad se hace particularmente fundamental considerando la fuerte tendencia que existe hacia la homogenización de la educación en todo el mundo, desde la promoción de pruebas estandarizadas profundamente reduccionistas que influencian directamente los sistemas educativos y que son definidas internacionalmente, sin debate público, por actores que disputan hegemonía de poder en la definición de sentidos y contenidos de la educación.
Aunque los retos son complejos y múltiples, nuestro compromiso con la realización de los derechos humanos sigue inamovible y entendemos que la Agenda 2030 es un importante aliado en ese proceso.
Más sobre la criminalización de estudiantes y docentes aquí:
http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/por-democracias-activas.html
Más sobre la privatización y comercialización de la educación aquí:
http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/
Más sobre los impactos de pruebas estandarizadas y homogenizantes aquí:
