El Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y el Caribe insta al gobierno colombiano a implementar las medidas que sean necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de todas las personas, y así evitar la repetición de acciones represivas ejercidas por las fuerzas de seguridad contra la población migrante venezolana.
La organización continental demanda de las autoridades especial atención, respeto y protección a las garantías de acceso al territorio y la determinación de la condición de refugio como consta en la Declaración de Cartagena de 1984, que procura la integración a las personas que migran porque su vida, seguridad o libertad están amenazadas por la violencia, la agresión extranjera, los conflictos internos y las violaciones a los derechos humanos.
La población migrante venezolana en territorio colombiano, se estiman en 2 millones de los cuales, el 55% se encuentran en condición irregular migratoria. Las condiciones de los y las migrantes se demuestran en vulnerabilidad en contextos de violencia, grupos armados y cultivos ilegales, sufriendo discriminación, violencia y explotación sexual.
Así mismo, con relación a la pandemia de la COVID, el Presidente Iván Duque expresó que podrían acceder a la vacuna aquellas personas migrantes que se encuentren regularizados en territorio colombiano.
Crédito de Foto: Iván Valencia
Producción: Wirmelis Villalobos – Venezuela- Radio Fe y Alegría Noticias, con información del Servicio Jesuita a Refugiados – LAC
