La lucha estudiantil y social en Colombia es descalificada de vandalismo, buscando desprestigiar las demandas ciudadanas como sinónimo de delincuencia; esto es una grave violación al derecho de participación y la protesta social garantizados en el artículo 37 de la Constitución Política. Estos mecanismos buscan restar importancia a la movilización social que se extiende como estrategia en el resto de la región latinoamericana y caribeña.
Se trata de un trabajo discursivo y narrativo de descrédito, y también de acciones directas de amenazas, detenciones, intimidaciones e incluso asesinatos de participantes de la protesta social. En 2019 la muerte del joven Dylan Cruz a causa de un proyectil de perdigones en medio de una protesta en Bogotá con responsabilidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una muestra más de los abusos como fuerza pública, que siendo una unidad especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, acciona con estrategias militares ante las protestas sociales. Por ello se necesita una policía civil que proteja y esté en favor de la ciudadanía, del mismo modo concretar mecanismos de justicias que actúen rápido y en coherencia con los derechos humanos.
Juan Pablo Castellanos, estudiante comprometido con el derecho a la educación, ha participado en diversas movilizaciones, recuerda que Dylan, el joven asesinado se graduaría en el mismo recinto universitario que él, y no deja de pensar que pudo ser cualquiera, incluso él mismo; esto le ratifica la indefensión y vulnerabilidad que tienen cuando protestan. Juan Pablo además se involucró cuando tenía 14 años, al acompañar el proceso de un estudiante que resultó herido con parálisis debido a la caída de un muro en el colegio público, por lo que se dedicó a un mapeo de las condiciones de los colegios participando en diferentes instancias como contralor, gestor y personero estudiantil.
Colombia está identificada como el 7mo país más desigual del mundo, lo que hace que educarse sea un privilegio en lugar de un derecho, mientras se mantienen exclusiones estructurales entre las que se mencionan poblaciones provenientes de la ruralidad, campesinado, indígenas y de las zonas urbanas más relegadas y segregadas. Es muy significativo que de cada 100 niños y niñas que entran al sistema educativo en Colombia, sólo 44 logran graduarse como bachilleres, y además no significa que este número se mantenga en el ingreso a la universidad.
Hay demandas diferenciadas, por un lado el sector secundarista exige una mejor educación básica y media, mientras que el sector universitario pide una educación técnica y tecnológica de calidad, sin embargo esto no impide que existan convergencias de demandas sociales, ya que muchas exigencias son comunes. Es decir, las apuestas no sólo son educativas, sino que se juntan con reivindicaciones sociales de la agenda popular, porque la mayoría de estudiantes sufren otras vulneraciones desde sus comunidades y lugares de origen. Por ello se hacen movilizaciones en contra de asesinatos de líderes y lideresas, exigencia de garantías para la vida digna, el derecho a la educación, a la alimentación, la no reducción de presupuestos para el ámbito social en el marco de una democracia más justa y digna.
Para Blanca Cecilia Gómez López de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el país requiere una reforma constitucional al artículo 67 que garantice la educación a lo largo de toda la vida con mecanismos de gratuidad, al mismo tiempo que se active el sistema de justicia con enfoque de derechos humanos. El contexto de la pandemia exige aumentar el presupuesto social para pagar matrículas y garantizar las condiciones de conectividad de la población estudiantil. Se han hecho huelgas de hambre que no han sido suficientemente visibilizadas para solicitar la gratuidad de la educación (con matrícula cero).
En palabras de Juan Pablo Castellanos, el mundo merece un cambio para no seguir condenados a vivir en el conflicto y en la vulneración de derechos.
Producción: La Esquina Radio – Colombia; María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER
