América Latina lucha por una educación libertadora, para todos y garante de derechos.
Es una pelea que vienen impulsando con insistencia las organizaciones que integran la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en un contexto marcado por un intento de poner a la educación al servicio del poder económico y los negocios de las empresas. Esa necesidad de una educación inclusiva y que promueva los derechos humanos, estuvo presente en el seminario internacional “Educación emancipadora y garante de derechos: retos para América Latina y el Caribe” que se realizó esta semana en México en el marco de la IX Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Participaron cerca de 80 personas de 16 países, entre foros nacionales, redes regionales y organizaciones internacionales, así como representantes de organizaciones estudiantiles y agencias de las Naciones Unidas.
Allí la Coordinadora General de la CLADE Camilla Crosso aseguró que “es necesario hoy más que nunca promover una disputa sobre los sentidos y los fines de la educación, es necesario discutir en profundidad el proyecto político pedagógico de nuestros sistemas educativos, hacia qué ideal de persona, de colectividad, de país, de región, de mundo apuntan”. En su caracterización el modelo imperante “anula la singularidad de las personas, desconoce la multiplicidad de contextos en los cuales viven las personas, anestesia el pensamiento, impide la criticidad, la capacidad de dudar, de preguntar”. Además “promueve competencia, individualismo y una indiferencia frente al otro, quitando nuestra capacidad de solidarizarnos, rompiendo toda noción de colectividad y de convivencia. Fundamentalmente nos robotiza y nos quita nuestra humanidad”. Para ella es necesario impulsar proyectos que apunten hacia “una educación emancipadora, libertadora y garante de derechos” porque “sin lugar a dudas esa lucha se hace más necesaria que nunca en nuestro continente”.
El historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alberto Arnaut, criticó que “en nombre del nuevo dios que se llama calidad educativa se hizo todo, se justifica todo, hasta lo injustificable y se incurre en excesos que pueden contribuir no a mejorar la calidad de la educación sino a empeorarla”. En el caso de su país opinó que con la reforma que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto “los derechos laborales del magisterio son arrasados”. Además alertó que uno de los puntos más cuestionables “es una evaluación del desempeño que no evalúa el desempeño pero que puede llevar al despido de los maestros y también al cambio de la función docente a cualquier otra función”.
Madeleine Zúñiga, de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, opinó que “estamos muy lejos de lograr el gran objetivo de educación para todos, que está en nuestros discursos y constituciones”. Para ella, “nuestros gobiernos se colocan en una posición sumisa frente a influencias de afuera o de adentro, cuando todos sabemos que el único gran garante de los derechos humanos es el estado”.
