Alternativas al Desarrollo

2017-07-28

Recuento contextual de la noción de desarrollo, con análisis contemporáneo de la región. Comparte la reflexión sobre las políticas públicas con una crítica a las contradicciones de los gobiernos progresistas, especialmente frente a su modelo extractivista. Se hace necesario pensar la política en coherencia con la democracia y sus alternativas al desarrollo.

El subdesarrollo comenzó el 20 de enero de 1949. Ese día, dos mil millones de personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una minoría pequeña y homogeneizante.

                                                                                                         Gustavo Esteva; 1996

En principio, el desarrollo es un proceso natural: las plantas, los animales y los humanos nos desarrollamos a partir de una semilla, un huevo, un embrión, hasta alcanzar la madurez. En la naturaleza, es un proceso cíclico. Este proceso natural ha servido de inspiración al presidente Truman, que en su discurso de posesión como presidente de Estados Unidos, en 1949, lanzó al mundo el binomio de “desarrollo” y “subdesarrollo”, entendidos ahora como descripción del estado de una economía o una sociedad. En este significado, el desarrollo implica un proceso lineal e ilimitado. Hasta el día de hoy, el término es omnipresente en los medios, en las escuelas y universidades, y suele despertar asociaciones positivas. Lo que ayuda al “desarrollo” de un territorio, de una ciudad, de una población, debe ser bueno. Oponerse o pretender obstaculizar al “desarrollo” es visto como una suerte de absurdo, un sinsentido, un error garrafal.

En el siglo XX, no había quien se opusiera al “desarrollo”, tenía hegemonía absoluta. El bloque soviético lo adoptó como meta en el marco del “desarrollo de las fuerzas productivas”. No había contradicción entre el concepto de “desarrollo” y la concepción cientificista, tecnicista, positivista y lineal del progreso que planteaban las interpretaciones dominantes de la obra de Marx. Los países no alineados se suscribieron al “desarrollo” como objetivo en la Conferencia de Bandung[1]. Los gobiernos de las jóvenes repúblicas independientes, por ejemplo en África, eran impacientes de sentarse a la mesa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y participar en el ranking de “desarrollo”. Para ellos, esto significaba ser reconocidos, fortalecer su soberanía nacional.

Sin embargo, hay múltiples razones para despedirse del “desarrollo” como referente positivo. Por un lado, en retrospectiva, sabemos que ha sido una promesa falaz para la gran mayoría de regiones del Sur global geopolítico. Hasta el día de hoy, la llamada cooperación al desarrollo transfiere mucho más recursos desde el Sur hacia el Norte que viceversa. Es decir, es un buen negocio para las economías que supuestamente son “donantes”, no para las que deberían recibir. Los “donantes” exportan tecnología y “expertos” a los países pobres, y con eso, generan empleo para los suyos e ingresos para la economía de su propio país. Una investigación de 2014 sobre los flujos financieros globales constata que con el sistema existente, por cada millón de dólares que ingresa a un país “en desarrollo”, éste pierde más de 2 millones (Griffiths; 2014).

Han trascurrido siete décadas desde que se prometió al Sur que mediante el “desarrollo”, podría participar en el modo de vida de los países industrializados del Norte. Un acceso al consumo prácticamente ilimitado, combinado con una carrera laboral individual auto-administrada, se nos vendió como la esencia de la calidad de vida.

Esto no solamente oculta las múltiples dimensiones de malestar que genera este modo de vida en aquellos países: la soledad, la angustia existencial, la depresión, el estrés permanente que causa múltiples enfermedades físicas y mentales, incluso mortales; las relaciones humanas instrumentales, la falta de convivialidad, de tiempo para compartir, o incluso para disfrutar de las cosas que uno ha comprado. Ya desde los años 70, está comprobado que a partir de cierto nivel de vida, no hay correlación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de una economía y el bienestar o la felicidad de su población (Easterlin; 1974). Según datos recientes, los diez países con más dinero para consumir, entre ellos Noruega, Dinamarca, Australia y Estados Unidos, también figuran entre los países con tasas de suicidio más altas[2]. En Alemania, una de las economías más fuertes del mundo, que tiene indicadores macroeconómicos favorables en los últimos años, la brecha entre algunos superricos y muchos empobrecidos se ha ensanchado tanto que hoy en día, uno de cada cinco niños/as vive en la pobreza[3].

También oculta que este modo de vida que se nos presenta como ideal, solamente ha sido posible a raíz de las relaciones coloniales históricas y actuales. Para poder sostenerlo, las poblaciones del Norte geopolítico y las élites de los países del Sur  —es decir, una pequeña parte de la población mundial—, pretenden acceder a la totalidad de los recursos de nuestro planeta, tanto en lo que se refiere a bienes naturales como a mano de obra cada vez más barata, y a la capacidad del ambiente para absorber la contaminación y los desechos. Es decir, el lujo y la saturación de los unos se construyen sobre el despojo de los otros. No hay forma de extender eso a nivel planetario, para todos y todas, como sugiere la idea del “desarrollo”. Porque solamente ha sido posible acumular este nivel de consumo material a lo largo de siglos de expansión que implicaron la destrucción de otras culturas, de otros modos de vida, para volver sus territorios funcionales a las lógicas del capital. Pero ¿hacia dónde podría expandirse este modo de vida, denominado modo de vida imperial por Brand y Wissen (2013), si fuera implementado en todo el planeta? Es por esta injusticia histórica que algunos científicos hablan de una línea de la codicia, como alternativa a la “línea de pobreza”: ¿Cuánto dinero y cuántas cosas es ético poseer, si se pretende no usurpar las oportunidades y los derechos de otras personas que viven en nuestro planeta? (Larrea y Greene; 2015).

Eso nos plantea la necesidad de repensar profundamente las nociones dominantes de pobreza y riqueza. La pobreza sigue midiéndose sobre todo en base al ingreso en dinero, o al consumo de un hogar (este segundo indicador ni siquiera muestra si algún consumo se basó en una deuda o en ingresos realmente existentes. Más bien, contabiliza únicamente la utilidad de este hogar para el mercado). La reducción de estas categorías a una sola dimensión universal y abstracta, que es el dinero, ha reducido significativamente nuestras aspiraciones a lo que podría ser una buena vida.

Con la creación del Producto Interno Bruto (PIB) y de la renta per cápita como indicadores universales comparables del “nivel de vida” de los países, en la segunda mitad del siglo XX, se comenzaron a comparar bajo un único rasero las múltiples formas diferentes de organizar la vida, los intercambios, la producción y la reproducción que existían para entonces en el planeta. Las economías capitalistas modernas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia fueron colocadas como norma, a la que todas las demás sociedades tenían que asemejarse forzosamente para su “desarrollo”: las que priorizaban la economía familiar, las que giraban alrededor del trueque, las que se fundaban sobre la propiedad colectiva de la tierra, etc. Nunca se preguntó a las personas implicadas si querían vivir este tipo de vida capitalista moderna o no. Sus necesidades a futuro serían determinadas “objetiva y científicamente” por los “expertos del desarrollo”.

Es así que se estableció la jerarquía entre el “desarrollo” y el “subdesarrollo”. Donde antes se solía hablar de colonias versus países centrales, los cuales tenían un “derecho” a expoliar a aquellas por su supuesta superioridad biológica y cultural, ahora se comenzó a hablar de ayuda contra la pobreza y de “cooperación al desarrollo”, cementando sin embargo los mismos roles que antes en la división internacional del trabajo y de la naturaleza; solo que ahora sucedió sobre un nuevo piso legitimatorio y con otro lenguaje.

Como nos recuerda Gustavo Esteva con la cita que abre este artículo, esto fue un acto de violencia simbólica considerable. Los modos de organizar la sociedad y la economía, los modos de concebir el mundo y de estar en él, los conocimientos y saberes de gran parte de la población mundial fueron descalificados como pobres, atrasados, insuficientes, por una sola razón: existían por fuera del sistema de producción y de los mercados capitalistas. Esto es la meta del “desarrollo”: incluir a territorios no totalmente permeados por las lógicas y prácticas capitalistas a los circuitos de acumulación de capital; transformar a poblaciones en consumidores, a campesinos de subsistencia en asalariados o informales, a bienes naturales en commodities[4], a propiedad colectiva en privada y vendible. Con un solo objetivo: aumentar los flujos de dinero y así el “crecimiento económico”, paradigma hermano del “desarrollo”.

Es por esta razón que la solución no radica en un “desarrollo” diferente, sustentable, equitativo, incluyente: Porque la misma noción de “desarrollo”  —si la miramos a partir de los hechos generados— contradice a los conceptos de sustentabilidad, de equidad, de inclusión. Es una gran máquina de expansión del modo de producción, distribución y consumo capitalista, asociado con los imaginarios de acumulación de bienes materiales como horizonte de buena vida.

Así que no se trata de apostar a “desarrollos” alternativos, sino de construir alternativas al desarrollo, rechazando, como punto de partida, la etiqueta de “subdesarrollados”; y reconociendo, recuperando los propios saberes y las múltiples cosmovisiones que han existido. Se trata de reconocer y reconstruir una diversidad de modos de vida  —en el campo y en las ciudades— ante la expansión del modo de vida imperial.

América Latina ha atravesado en los últimos 15 años una coyuntura muy especial en el contexto global. Mientras en otras partes regía el neoliberalismo con sus dogmas de austeridad, reducción del Estado, privatizaciones y ley del mercado, en nuestro continente hubo un período de hegemonía progresista: fuerzas políticas que habían llegado al gobierno después de un ciclo de luchas sociales poderosas, con programáticas transformadoras que pretendían superar el neoliberalismo y recuperar un Estado regulador. Con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, la destitución de Dilma Roussef en Brasil, la grave crisis que atraviesa Venezuela, esta hegemonía parece ahora erosionarse.

Sin embargo, fue esta coyuntura tan particular a nivel global que constituyó a la región en una suerte de laboratorio de alternativas. Procesos constituyentes en tres países llevaron a lo que ha sido llamado el “neoconstitucionalismo transformador”. Derechos de la Naturaleza, el Buen Vivir o Vivir Bien como principio rector en lugar del “desarrollo”, el reconocimiento de la diversidad cultural e incluso la declaratoria de plurinacionalidad las Constituciones, elaboradas con mucha participación de todos los sectores sociales, han buscado sentar las bases para una sociedad diferente. Es en este contexto que resurge en América Latina el debate sobre alternativas al desarrollo, que anteriormente ya había sido promovido, en los años 80 y 90, por un grupo de pensadores de diferentes países, entre ellos Gustavo Esteva e Ivan Illich, que operaban desde Morelos, México, y por el colombiano Arturo Escobar.

La nueva coyuntura prometía una transformación profunda. Los primeros programas de gobierno reflejaban, por ejemplo en Ecuador y Bolivia, muchas de las aspiraciones de los movimientos sociales que habían llevado las fuerzas políticas progresistas al ejercicio del gobierno. Sobre este piso y para apoyar la transformación desde las políticas públicas que parecía posible, varias redes comenzaron a trabajar en torno a las alternativas al desarrollo, con el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) en Uruguay, el Colectivo Voces de Alerta en Argentina, la RedGe y el Programa de Transformación y Democracia Global (PTDG) en Perú, la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Ecuador. En 2011 se fundó el Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo. En estos años, se han producido muchos libros y materiales educativos en torno a las alternativas al desarrollo, que en América Latina se concibieron también como alternativas al extractivismo, este modelo económico primario exportador que consolida la dependencia de los países exportadores de materia prima del mercado mundial, siempre en posición subordinada. En diálogo con múltiples procesos sociales, se trabajaron incluso escenarios concretos de transición, que incluían por ejemplo el fortalecimiento de los controles ambientales, la reducción gradual de la extracción de bienes naturales, una política de impuestos progresivos y de revisión de subsidios, la democratización y transformación de los patrones energéticos y tecnológicos, la desmercantilización de la Naturaleza, etc. (Alayza y Gudynas; 2012, Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionadas y Apasionados; 2013).

Paralelamente, procesos similares fueron construidos en otras partes del mundo. En Europa adquirió importancia el movimiento social por un decrecimiento sustentable; en África, el Ubuntu, una filosofía humanista y altruista; a nivel global, el movimiento por los comunes y la producción colaborativa, de la que resultó por ejemplo el software libre.

Todas estas corrientes comparten algunos principios: la colaboración en lugar de la competencia que promueve el capitalismo; la valoración de la convivialidad; la importancia de la autonomía, la autogestión y de los procesos construidos localmente desde abajo; el respeto a la diversidad y el valor central de la deliberación; la democratización de la economía, pero también de la tecnología; la transformación de la propiedad privada en propiedad social (que no es lo mismo que propiedad estatal) o en comunes; la soberanía alimentaria; la solidaridad y la reciprocidad.

Las alternativas al desarrollo en las políticas públicas

Sin embargo, desde el principio, los gobiernos progresistas latinoamericanos en la práctica apostaron al neodesarrollismo y profundizaron el modelo extractivista argumentando con la necesidad de financiar la inversión social con las regalías de los commodities exportados. Muchas organizaciones sociales tuvieron que organizar o continuar, la resistencia a los impactos sociales y ambientales del extractivismo de las maneras más diversas, en todos los países del continente (Svampa; 2011, Gudynas; 2013b). En muchos casos, apostaron además a la construcción de alternativas locales para la población, por ejemplo mediante la comercialización de productos agrícolas orgánicos.

En 2016, en retrospectiva, podemos decir que aunque se han generado e incluso discutido una multiplicidad de propuestas, en términos de política pública no se utilizó esta coyuntura excepcional para impulsar las alternativas al desarrollo. Más bien, en toda la región, aprovechando lo que hoy se llama el superciclo de precios altos de los commodities (petróleo, minerales, soya) en el mercado mundial, las economías se han reprimarizado y desindustrializado; es decir, el extractivismo se ha profundizado a costa de una diversificación de las economías. La iniciativa internacionalmente reconocida de dejar el petróleo en la tierra en el parque nacional Yasuní en Ecuador, fue revertida en agosto de 2013 por el gobierno de Rafael Correa a favor de la explotación petrolera. Y la competencia entre países para vender los mismos commodities al mercado mundial, por ejemplo a la China, impidió que se profundizara la integración regional en términos económicos, de comercio entre países latinoamericanos o complementariedad en la producción, que hubiese sido una condición para independizarse del mercado mundial y poder avanzar hacia las alternativas al desarrollo como región o bloque (ver Gudynas; 2013a).

Todo esto reconfiguró rápidamente las relaciones y generó tensiones entre los partidos de izquierda y los gobiernos progresistas por un lado —que se concebían ahora como la “vanguardia” del proceso de cambio iniciado— y muchas organizaciones sociales, sobre todo indígenas, campesinas y ecologistas por el otro. Estas últimas en muchos casos fueron deslegitimadas sistemáticamente por el discurso oficial, tachadas como ingenuas, infantiles o aliadas de la derecha; también perdieron parte de su base organizativa mediante la cooptación y los efectos de las políticas sociales y el clientelismo en los territorios.

Los progresismos renegociaron y mejoraron las condiciones de la explotación de recursos con las empresas transnacionales, en algunos casos las nacionalizaron, al menos parcialmente. Las rentas percibidas por el Estado hicieron posible reducir la pobreza, por transferencias de dinero condicionadas a los más pobres, pero también por un aumento de la inversión en infraestructura, salud y educación; los precios internacionales altos significaron la posibilidad de no perjudicar a los grandes grupos empresariales, al mismo tiempo que se mejoraba palpablemente el día a día de los estratos más pobres, sin tener que modificar las estructuras de propiedad, por ejemplo de la tierra. Los gobiernos más conservadores en cambio apostaron a lo que se llama la “responsabilidad social empresarial”, es decir inversiones sociales en el territorio por parte de las empresas extractivas sin injerencia del Estado, para paliar los impactos del extractivismo (Gudynas; 2015).

Aunque en varios países progresistas, el discurso oficial habló de un “cambio de matriz productiva”, de industrialización o de transformaciones económicas más profundas, esto en realidad no sucedió: la caída drástica de los precios internacionales a partir de mediados de 2014 agarró a toda la región en plena dependencia de las exportaciones de commodities. Entre julio 2014 y enero 2015, en tan solo siete meses, los precios del petróleo, del gas y del carbón cayeron en un 52% Los precios de metales habían caído en un 39% ya desde 2011 hasta mayo de 2015, y aquellos de productos de agroexportación como la soya en 29 % (CEPAL; 2015).

Sin duda, los condicionamientos del mercado mundial, las regulaciones sobre propiedad intelectual, las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el peligro de ser demandado por las multinacionales ante un tribunal de arbitraje inapelable, que puede condenar al Estado a pagar multas de miles de millones de dólares, reducen los márgenes de acción reales de los gobiernos. Sin embargo, estos no recurrieron al apoyo de las fuerzas sociales que los habían respaldado para modificar el equilibrio de las relaciones de fuerza (con la notable excepción de Hugo Chávez, en los conflictos de 2003 y 2004 en Venezuela, por ejemplo). En lugar de mostrar, con grandes movilizaciones, que el principio democrático les obligaba a concretar las transformaciones incluso en contra de poderosos intereses, prefirieron descalificar y criminalizar a los grupos indígenas, las resistencias ecologistas o campesinas, y alinearse con estos intereses.

De esta manera, los gobiernos —de cualquier tendencia ideológica— terminaron impulsando no las alternativas, sino precisamente el “desarrollo” capitalista/moderno/occidental; y, en el caso de los progresismos, un modelo de gestión del cambio que colocaba al centro la acción desde el Estado. Con esto reforzaron una cultura política paternalista y patriarcal, instalada en América Latina desde la colonia.

¿Qué modelo político, qué tipo de democracia, qué Estado?

Este constato nos plantea una serie de interrogantes, acerca del modelo político, de la forma de Estado, de la cultura política y del tipo de democracia que necesitaríamos construir para poder implementar alternativas al desarrollo. Aunque la Constitución de Bolivia, por ejemplo, pretendía combinar la democracia representativa con la participativa y la comunitaria, estableciendo así la demodiversidad (Boaventura de Sousa Santos) como principio, el modelo político que se aplicó terminó siendo el hiperpresidencialismo, que ya contiene los fundamentos del Estado patriarcal y colonial, al igual que en los otros progresismos. Esto se acompañó, en la mayoría de casos, de partidos de nuevo tipo que operaban más como maquinaria electoral y de distribución de prebendas que como espacios de deliberación y construcción colectiva. Se podría concluir que por la centralidad otorgada al Estado como motor del cambio, gran parte de la creatividad popular hacia una transformación social profunda ha sido desperdiciada, cuando no despreciada.

¿Qué se espera del Estado en la construcción de alternativas al desarrollo? ¿Es realista la visión, propuesta por algunos de los progresismos, de instalar un Estado de bienestar como existió en Estados Unidos y Europa en los “30 años gloriosos”, en los países latinoamericanos? ¿Un Estado proveedor que lo solucione todo? ¿La disyuntiva que enfrentamos se juega realmente entre neoliberalismo y neo-keynesianismo, en cuanto al papel del Estado? ¿O pueden existir otras alternativas?

El Estado de bienestar, dice la economista feminista española Amaia Pérez-Orozco, fue una excepción histórica. Para ella, “el conflicto capital-vida es consustancial al Estado de bienestar, por lo que incluso allá donde pareció acallarse temporalmente, se sostuvo también sobre la depredación medioambiental, el expolio de los países de la periferia y la división sexual del trabajo” (Pérez-Orozco; 2014). Habría que tomar en cuenta que en la historia, el Estado de bienestar solamente se concretó en una muy pequeña parte del planeta y en una época muy peculiar: la guerra fría, en la que el capital se veía obligado a hacer concesiones a las luchas obreras, porque existía la visión de una alternativa viable al capitalismo. El Estado de bienestar realmente existente fue, en cierto sentido, una forma de garantizar la gobernabilidad y evitar que más países se pasen al bloque soviético. Una vez éste caído, el Estado de bienestar ya no tenía muchas condiciones de posibilidad, como vemos en la actualidad, ni siquiera en Europa.

Más allá de esto, el Estado de bienestar solo fue posible gracias al piso geopolítico y material imperial/colonial, en que una elevada proporción de las riquezas materiales —económicas y naturales— del planeta fueron apropiadas en forma extraordinariamente desigual, por los países capitalistas centrales. Fue asimismo posible sobre la base de un suministro inagotable de energía muy barata. Estas no son, de modo alguno, condiciones replicables para el conjunto de la humanidad, y hoy en día ni siquiera para Europa Occidental. Más bien, el Estado de bienestar social tal como existió fue una versión del “modo de vida imperial” (Lang y Lander; 2015).

De hecho, dice Jean Robert, durante los famosos treinta años gloriosos, la economía de los países ricos no dejó de crecer mientras que estos despojaban a los países pobres. Esto permitió asalariar a las mujeres en gran número, reducir las horas de trabajo a la vez que aumentar salarios y prestaciones, generalizar las vacaciones pagadas y los seguros de enfermedad. Pero esto implicó también cambios menos visibles y más profundos: el artesanado local europeo fue liquidado poco a poco por la importación de bienes industriales, las pequeñas industrias fueron hechas pedazos y sus actores absorbidos por nuevos tipos de trabajos asalariados. Fueron años en que, por compartir algunas ventajas de un capitalismo llamado “benefactor”, los campesinos europeos perdieron sus territorios y los trabajadores el espíritu de las luchas obreras del siglo anterior. La configuración de los países tocados por la ola de abundancia mercantil fue transformada en su totalidad: mutación irreversible del territorio, transformación de la relación entre ciudad y lo que fue el campo, que se parece ahora a un suburbio generalizado (Robert; 2012).

Aunque esta forma de Estado de bienestar, el horizonte al que aspiran unos cuántos gobernantes progresistas latinoamericanos, es una imposibilidad para el Sur global en el contexto del sistema-mundo capitalista actual, esto no descalifica la importancia de que el Estado regule la economía, invierta socialmente o redistribuya no solamente riqueza, sino el acceso a las condiciones materiales de reproducción de la vida. El desafío consiste en no solamente utilizar, sino en transformar profundamente los aparatos estatales mismos y las relaciones entre Estado y sociedad y para ello es necesario contar con una sociedad fuertemente organizada, autónoma, capaz de presionar legítimamente a los actores estatales. John Restakis (2014) nos propone por ejemplo un modelo de Estado que ni promociona al capital privado, ni controla todo desde una planificación centralizada. Habla de un Estado facilitador, cuyo “objetivo principal es de maximizar las capacidades de la sociedad civil para crear valor social y para actuar como un socio igual en la formación y aplicación de políticas públicas para el bien común”. En este modelo, es la sociedad organizada la que está al centro de proceso de transformación, y el Estado está a su servicio.

¿Perspectivas para las alternativas al desarrollo?

Lo que ha ocurrido en América Latina con las alternativas al desarrollo apunta en esta dirección. Los múltiples procesos que hoy en día apuestan a este horizonte son impulsados por la sociedad organizada a partir de una autonomía relativa frente al Estado. Primero, cabe mencionar los numerosos procesos de resistencia, a emprendimientos extractivos o megaproyectos funcionales a aquellos. En muchos casos, defender un modo de vida relativamente autosuficiente y resistirse a ser despojados de las condiciones materiales que lo hacen posible, representa en sí mismo una alternativa al desarrollo.

En estas estrategias populares, la producción, el control y la defensa del territorio se volvieron claves. En lugar de participar dócilmente en la elaboración institucional de “planes de desarrollo”, muchos territorios colombianos por ejemplo decidieron elaborar planes de vida desde abajo, es decir, pensar formas diferentes de producir, distribuir, establecer relaciones sociales, organizativas y comerciales (Houghton; 2015). En estos planes, el Estado no tiene el papel central, sino todo lo contrario: de él solamente se espera que deje hacer, que permita la autogestión del territorio. Hay muchos ejemplos más en el continente: los diferentes procesos de autonomía indígena, las luchas campesinas por la soberanía alimentaria, los múltiples procesos organizativos en barrios populares, la apuesta comunal de Venezuela o redes cooperativas como Cecosesola en este mismo país, los procesos de construcción de redes comunitarias de comunicación alrededor de un diálogo de saberes.

Se trata de procesos de experimentación social que también van más allá de las luchas de contención tan necesarias. Superan, al menos parcialmente, la división entre los ámbitos de la producción y la reproducción, así como la escisión entre economía y política. Construyen sobre la marcha nuevas formas de sociabilidad, nuevas comunidades políticas y sentidos de pertenencia. Devuelven a la economía su función social y ética y crean nuevos comunes en lugar de mercantilizar. Buscan romper con lógicas asistencialistas y la expectativa del ‘que me den’ para invitar a la autogestión, a la emancipación, a tomar la vida en las propias manos, no de manera individual sino conjuntamente con otros. Para perdurar en el tiempo, instituyen nuevas formas democráticas de toma de decisiones, de coordinación y gestión con el desafío de que estas nuevas estructuras no se burocraticen, no se vuelvan un nuevo obstáculo, sino puedan replantearse, renovarse y transformarse según las necesidades del proceso.

A diferencia del “desarrollo” que pretende seguir un camino trazado, universalmente válido y basado en el conocimiento “experto” y la ciencia moderna, las alternativas son multiformes, tienen múltiples sujetos diversos, se dan en muchos ámbitos y sentidos temporales variados. Sus horizontes son los buenos vivires en plural, siempre contextualizados, basados en el aprendizaje colectivo, para superar no solamente el capitalismo en cuanto a la relación capital-trabajo, sino también las dimensiones del patriarcado, del colonialismo y de las relaciones depredadoras con la Naturaleza sobre las que se erige. La transformación no es algo que se espera para un futuro lejano, como lo sugería la idea de revolución, sino que se da en tiempo presente: inicia con la transformación de la subjetividad y de las relaciones interpersonales, de las prácticas cotidianas; se trata de la prefiguración, aunque siempre parcial, de la sociedad anhelada.

Referencias bibliográficas

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Autora: Miriam Lang

Profesora del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito. Directora de la Fundación Rosa Luxemburg para la región andina entre 2010 y 2015. Impulsó la conformación del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo que coordina desde 2011. Es doctora en sociología por la Universidad Libre de Berlín, con especialización en estudios de género y maestría en estudios latinoamericanos. Ha sido activista internacionalista, feminista y del movimiento antirracista en Alemania y ha colaborado con organizaciones indígenas y de mujeres en América Latina.

 

Para leer más puedes acceder al Libro Siembras del buen vivir: Entre utopías y dilemas posibles. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (2016). Quito – Ecuador