El Gobierno de Ecuador planteó un aumento de 16 dólares al salario básico unificado (SBU) para 2026, lo que elevaría la remuneración mínima de 470 a 486 dólares. Sin embargo, el anuncio ha despertado críticas de diversos sectores laborales que consideran el ajuste insuficiente frente al creciente costo de vida y denuncian que la propuesta carece de análisis técnico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la canasta básica familiar supera los 815 dólares, lo que evidencia que el nuevo salario seguiría sin cubrir las necesidades esenciales de la mayoría de los trabajadores.
El economista y docente investigador de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Jorge Altamirano, recordó que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios —instancia tripartita conformada por el Estado, empleadores y trabajadores— debería ser el órgano encargado de definir los incrementos con base en criterios técnicos. Entre los factores que se deben considerar, mencionó la inflación, el crecimiento económico, los niveles de empleo y los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No obstante, señaló que en la práctica, las decisiones suelen responder a intereses políticos o coyunturales.
Altamirano insistió en que una política salarial sostenible debe garantizar la capacidad adquisitiva de las familias sin poner en riesgo la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Subrayó que sólo tres de cada diez ecuatorianos cuentan con un empleo formal, por lo que los efectos del aumento serían limitados. Además, cuestionó que el incremento anunciado por el Ministerio de Trabajo se haya establecido sin diálogo previo, lo que, advirtió, volverá a generar inconformidad tanto en el sector empresarial como entre los trabajadores.
Producción: Elba Luzardo de CORAPE, Ecuador /ALER.
