El Paro Nacional en Ecuador 2025 estalló el 22 de septiembre, luego de que el gobierno de Daniel Noboa decretara la eliminación del subsidio al diésel, elevando el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La medida, que impacta directamente a campesinos, transportistas e indígenas, se suma al rechazo de las comunidades a proyectos extractivos petroleros y mineros en la Amazonía y la Sierra.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales convocaron la movilización, que lleva más de diez días con cortes de vías y asambleas en varias provincias.
El conflicto no se reduce a un reclamo económico: los manifestantes denuncian un modelo de gobierno que impulsa el extractivismo sin consulta, vulnera derechos territoriales y criminaliza la protesta social. Desde inicios del paro se reportan detenciones arbitrarias, congelación de cuentas de dirigentes y militarización de comunidades indígenas. Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 109 casos de vulneraciones, que incluyen detenciones, heridos, desapariciones y un manifestante asesinado.
La muerte de Efraín Fuérez, comunero indígena de Imbabura, ha marcado un punto crítico. El manifestante fue alcanzado por disparos en la espalda y, según videos difundidos, golpeado incluso mientras agonizaba. Este caso ha encendido la indignación popular y se suma a denuncias de uso letal de la fuerza por parte de militares en comunidades como Pinsaquí, Ilumán y San Roque. Los abusos han sido reconocidos por informes independientes, mien
tras el gobierno insiste en que las protestas están infiltradas por mafias y “actos terroristas”.
A la par, periodistas y comunicadores comunitarios han denunciado agresiones: en los últimos días, varios reporteros fueron gaseados por fuerzas policiales mientras cubrían manifestaciones, un hecho que vulnera la libertad de prensa y agrava el ambiente de represión.
El gobierno se mantiene firme en su decisión de no revertir la medida sobre combustibles y sostiene que se entregarán compensacio
nes directas a sectores afectados. Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que no se trata solo de subsidios, sino de la defensa de los derechos colectivos, de la tierra y de la protesta. En este escenario, la conflictividad sigue en aumento y deja en evidencia un deterioro profundo de los derechos humanos y democráticos en el país.
Para analizar este tema, en diálogo abierto conversamos con Ariadne Celi, Abogada de INREDH, activista de derechos humanos.
Producción: Cristina Cabral, Radio Encuentro Argentina- Kenia Gómez de Radio YSUCA, El Salvador – Ingrid Burgos, Fernando López/ Coordinación General ALER, Iolany Pérez de Radio Progreso, Honduras – Alexander Medina de IRFA Venezuela; Inés Gonzales de ERBOL, Bolivia; Isabel Gómez de la Esquina Radio, Colombia.
Conducción:Alexander Medina de IRFA Venezuela – Kenia Gómez de Radio YSUCA, El Salvador
