En 2008, la empresa canadiense Coro Mining, a través de su filial Minera San Jorge, anunció un proyecto megaminero de cobre y oro a cielo abierto en Uspallata, Mendoza (Argentina). Según la activista Silvia Iñiguez, la iniciativa representa una grave amenaza para los recursos hídricos y la salud de la población.
El plan de extracción contempla dinamitar cerros completos con miles de toneladas de explosivos, generando escombreras contaminantes, polvo cargado de metales pesados y la pérdida de biodiversidad local. Aunque se presenta como parte de la llamada “transición energética”, buena parte del cobre extraído en Sudamérica termina destinado a la industria bélica de las potencias mundiales, lo que convierte a la región en una “zona de sacrificio”.
La resistencia ciudadana logró frenar el proyecto amparada en la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería. Sin embargo, en 2019 el gobierno provincial aprobó otra norma que flexibilizaba estas restricciones, lo que desató una ola de protestas. Más de 20 mil personas se movilizaron en las calles de Mendoza, obligando a las autoridades a dar marcha atrás.
Pese a este triunfo social, en 2021 la Corte Suprema provincial debilitó la protección al agua al declarar inconstitucional parte de la normativa.
Además de la contaminación, Iñiguez advierte sobre los impactos sociales y culturales. Asegura que la megaminería no trae progreso, sino destrucción de territorios, comunidades y culturas originarias.
- Producción: Comité por los derechos humanos en América latina, CDHAL
- Entrevistada: Silvia Íñiguez.
- Realización de entrevista, de podcast, montaje y narración: Tennessee Maciol
- Música : Tonolec
- Difusión: ALER
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