La degradación ambiental y los conflictos socioeconómicos derivados del extractivismo golpean con fuerza a América Latina y el Caribe. Según un informe reciente de Statista Research, Brasil encabeza la lista de países con mayor pérdida de cobertura boscosa, con 4.39 millones de hectáreas arrasadas solo en 2024. Le sigue Bolivia, que por primera vez supera el millón de hectáreas deforestadas. Este modelo económico, centrado en la explotación desenfrenada de bienes naturales, no solo destruye ecosistemas, sino que profundiza la desigualdad y desplaza comunidades enteras.
Darío Bosi, coordinador de la red ecuménica Iglesias y Minería, advierte que el extractivismo es una estrategia sistemática que transforma la vida y la tierra en mercancía. Desde una visión que privilegia el lucro inmediato, se desprecian los impactos ambientales y sociales que recaen, de manera desproporcionada, sobre los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas. “La alianza entre Estados y corporaciones ha convertido a las comunidades en enemigos, criminalizando a quienes defienden sus territorios”, denuncia.
La situación es alarmante: América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para líderes y lideresas socioambientales. Mientras se celebran acuerdos como el de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la justicia ambiental, muchos gobiernos boicotean espacios multilaterales o los vacían de participación real. La próxima COP30 en Brasil vuelve a abrir el debate: ¿pueden estos encuentros responder realmente a los intereses de los pueblos o siguen siendo vitrinas de buenas intenciones sin impacto?
Producción: ALER.
