Las muertes violentas, secuestros, extorsiones y asaltos se han convertido en parte del día a día, sobre todo en zonas costeras y amazónicas, donde el Estado ha perdido control territorial. En este contexto, el gobierno nacional decidió trasladar nuevamente la comandancia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a Guayaquil, en un intento de frenar la violencia que asfixia a la ciudad portuaria y sus alrededores.
Jean Paul Pinto, experto en seguridad, alertó que el país se perfila como el más violento de América, con una proyección de más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes para este año. Según Pinto, la estrategia de mano dura y militarización no ha dado resultados en casi dos años de aplicación. Peor aún, recientes leyes como la de Inteligencia y Solidaridad otorgan al Estado poderes de vigilancia y represión sin control judicial, lo que profundiza el debilitamiento del estado de derecho y acerca al país a los riesgos de un estado fallido.
El analista también cuestionó la insistencia del gobierno en copiar modelos represivos, como el de El Salvador, sin considerar las condiciones locales. Pinto advirtió que, sin una política pública integral de seguridad y sin fortalecer la inteligencia estatal, las medidas actuales no solo serán inútiles sino peligrosas, abriendo paso a violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y persecución sin debido proceso, bajo el pretexto de combatir el crimen.
Finalmente, Pinto recomendó al Estado ecuatoriano mirar modelos exitosos como el de Medellín, Colombia, donde la reducción de la violencia tomó más de dos décadas, combinando seguridad, inversión social y participación ciudadana. Además, propuso retirar a los militares de las ciudades y enviarlos a zonas de minería ilegal, donde el Estado ha perdido soberanía. Para el experto, solo un enfoque serio, planificado y con participación social podrá evitar que Ecuador se convierta en un narcoestado o en un país en manos de mercenarios.
Producción: Elba Luzardo de CORAPE – Ecuador.
