La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el presidente Nayib Bukele. Esta normativa, aprobada el 20 de mayo de 2025, exige que organizaciones y personas que reciban financiamiento del extranjero se registren como «agentes extranjeros», impone un impuesto del 30% sobre dichos fondos y prohíbe actividades consideradas como políticas o que alteren el orden público .
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por esta ley, señalando que restringe las libertades de expresión y asociación, y podría ser utilizada para silenciar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos y corrupción.
La ley también ha sido criticada por su lenguaje ambiguo y por otorgar amplias facultades al gobierno para sancionar y clausurar organizaciones, lo que podría afectar negativamente a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes
A pesar de las críticas, el presidente Bukele ha defendido la ley como una medida para promover la transparencia y ha desestimado las preocupaciones internacionales, manteniendo una alta popularidad en el país.
Para varios analistas, la aprobación de esta ley representa un retroceso en materia de derechos humanos y plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la democracia y la participación ciudadana en El Salvador.
Desde ARPAS, Katy Ventura dialogó con Gabriela Colocho, integrante del Servicio Social Pasionista.
Producción: Donaldo Barahona de ARPAS, El Salvador.
