Más de un año después de la entrada en vigor de la modificatoria de la Ley de Flora y Fauna Silvestre (Ley N° 31973), conocida como la “Ley Antiforestal”, el Tribunal Constitucional aún no se pronuncia sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en su contra. Mientras tanto, la deforestación en la Amazonía avanza y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas se agrava.
Tres organizaciones indígenas –AIDESEP, ONAMIAP y FENACOKA– participan como terceros interesados en la demanda, interpuesta por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, y respaldada por otros colegios profesionales. En la audiencia realizada el 5 de noviembre de 2024, la abogada de AIDESEP, Rocío Trujillo, señaló que esta ley nunca fue consultada con los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT. “No es el Estado quien decide si una norma afecta a los pueblos indígenas, sino los propios pueblos”, enfatizó.
Lideresas indígenas han denunciado que esta norma facilita la expansión de monocultivos y la apropiación de tierras en territorios que deberían estar protegidos. “Nuestros hermanos están siendo asesinados por defender la Amazonía, mientras el Congreso legisla como si los pueblos indígenas no existieran”, advirtió Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP.
Desde el enfoque ambiental, expertos alertan que la norma promueve la deforestación y legaliza actividades ilegales al eliminar la zonificación forestal como requisito para la explotación de tierras. “El Estado está permitiendo el robo de recursos naturales en la Amazonía”, afirmó Adán Cassia, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Organizaciones indígenas y de la sociedad civil siguen en pie de lucha para frenar los efectos de esta ley y evitar que la Amazonía siga siendo devastada en beneficio de intereses empresariales.
Producción: Francesca Campanini y Alejandra Baluarte – CAAAP/ ALER
Locución: Anthony Noriega.
