En un contexto donde la crisis ambiental se agudiza en América Latina, El Salvador enfrenta una nueva amenaza: el regreso de la minería metálica. Luis González, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, ofrece un análisis profundo sobre cómo la minería amenaza los recursos naturales esenciales, como la tierra y el agua, vitales para la vida de las comunidades salvadoreñas.
Uno de los ejemplos más impactantes de los daños causados por la minería es el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión. Este afluente, que alguna vez fue fuente de vida, hoy está contaminado por metales pesados como hierro, aluminio y cobre, resultado del drenaje ácido de la antigua mina San Sebastián. Según expertos, el río lleva más de 50 años intoxicado, lo que ha dejado a las comunidades sin acceso a agua potable y ha afectado su salud, suelos y biodiversidad.
“El río San Sebastián es un ejemplo claro de lo que la minería metálica puede causar. Es un río muerto, contaminado por químicos como cianuro y mercurio, que se usaron para extraer oro”, explicó González.
En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, gracias a una lucha histórica de comunidades, ambientalistas y organizaciones sociales. Sin embargo, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley que deroga esta prohibición, abriendo la puerta a proyectos mineros que podrían agravar la ya crítica situación ambiental del país.
“Es triste ver cómo retrocedemos. En 2017 hubo un consenso nacional: más del 85% de la población estaba en contra de la minería. Hoy, sin consultar a las comunidades, se aprueba una ley que pone en riesgo nuestro futuro”, denunció González.
La minería metálica no es un problema aislado. En El Salvador, la zona norte del país, conocida como la “franja de oro”, ha sido históricamente el foco de explotación minera. Departamentos como La Unión, Morazán, Cabañas y Chalatenango han sufrido los impactos de esta actividad, que no solo contamina ríos y suelos, sino que también afecta la salud de las personas.
Además, la amenaza no se limita a las fronteras salvadoreñas. Proyectos como la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala, representan un peligro para la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a más de 4 millones de salvadoreños. “Si esta mina opera, contaminará el río Ostúa, que desemboca en el lago de Güija y luego en el Lempa. Es una cadena de destrucción que nos afecta a todos”, advirtió González.
Frente a esta situación, las comunidades organizadas han sido clave en la defensa del medio ambiente. En el pasado, consultas ciudadanas en Chalatenango y Cabañas lograron detener proyectos mineros. Hoy, la resistencia sigue viva, pero requiere de mayor conciencia y participación ciudadana.
“La lucha no es solo de los ambientalistas, es de todos. Debemos decir ‘no a la minería, sí a la vida’ y proteger lo poco que nos queda”, enfatizó González.
Producción: Donaldo Barahona, ARPAS – El Salvador
