En el sur de Chile, la venta indiscriminada de parcelas de agrado está generando una crisis ambiental y social que pone en peligro la supervivencia de comunidades indígenas, así como la preservación de humedales, flora y fauna. La falta de regulación por parte del Estado ha permitido que grandes inmobiliarias compren cientos de hectáreas para luego venderlas al detalle a personas naturales, sin considerar el impacto que esto tiene en los territorios y sus habitantes ancestrales.
En los años 80, la industria forestal, subsidiada por el Estado, arrasó con miles de hectáreas para plantar monocultivos de eucalipto. Esto provocó la sequía de ríos, la disminución de napas subterráneas y el empobrecimiento de las comunidades locales. Ahora, la industria inmobiliaria repite la historia, agravando aún más la fragilidad del ecosistema.
En comunidades como Pichi Maule, en la región de Los Lagos, los mapuches han mantenido por siglos una relación armónica con la tierra, respetando los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, hoy enfrentan una nueva amenaza: la llegada de cientos de familias que compran parcelas sin contar con servicios básicos como agua, electricidad o alcantarillado. Esto no solo acentúa la escasez de agua, sino que también genera conflictos sociales y culturales.
Egon Poveda, dirigente de la recién creada Agrupación por la Defensa Territorial Mapuche, explica que la situación es crítica. «Las inmobiliarias no tienen control ni respeto por el medio ambiente. Destruyen humedales, rellenan con ripio, arrasan con árboles milenarios y contaminan los cursos de agua», denuncia. Además, señala que estas empresas operan sin los permisos necesarios, como estudios de impacto ambiental o cambios de uso de suelo.
Uno de los casos más emblemáticos es la parcelación de 187 lotes en pleno territorio mapuche, donde incluso se han destruido sitios ceremoniales como el paligüe, una cancha donde se practica el palín, un deporte ancestral que fortalece las relaciones políticas, espirituales y culturales de las comunidades. «El camino cruzó el paligüe, lo ripiaron y ahora es imposible volver a realizar ceremonias allí. Es un golpe muy duro para nuestra identidad», lamenta Poveda.
Falta de agua y servicios básicos: un problema que se agrava
La escasez de agua es uno de los mayores problemas que enfrentan las comunidades indígenas. En Pichi Maule, los pobladores dependen de camiones municipales que les entregan 500 litros de agua a la semana, un recurso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Con la llegada de nuevas familias, esta situación se agrava, ya que las inmobiliarias prometen pozos profundos que, en realidad, no pueden garantizar debido al agotamiento de las napas subterráneas.
«Las forestales secaron las napas, y ahora las inmobiliarias vienen a empeorar todo. No hay agua, y el municipio tendrá que hacerse cargo de traerla para estas nuevas familias, lo que significa un gasto enorme», explica Poveda. Además, la falta de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas implica que los desechos terminen en los cursos de agua, contaminando los recursos que consumen tanto las personas como los animales.
A pesar de las denuncias y las manifestaciones de las comunidades, las autoridades locales y nacionales han hecho caso omiso al problema. Según Poveda, el alcalde de la comuna prioriza los ingresos económicos que generarán los permisos de circulación de los nuevos vecinos, sin considerar el costo ambiental y social que esto implica. «Es una falacia económica. Lo que ganen en permisos lo gastarán en traer agua y resolver los problemas que estas parcelaciones generan», afirma.
Las organizaciones mapuches y otras comunidades afectadas están sumando fuerzas para visibilizar su lucha y exigir que el Estado intervenga. «No queremos que se repita lo que pasó con las forestales, que nos dejaron en la pobreza y destruyeron nuestro territorio», dice Poveda. Sin embargo, la falta de voluntad política y la presión de las grandes empresas hacen que el futuro sea incierto.
Producción: Elías Muñoz, Chile.
