Expertos analizan las consecuencias sociales, económicas y humanitarias de las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos
En las últimas tres semanas, desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el poder, las políticas migratorias han generado un clima de incertidumbre y temor entre las comunidades latinoamericanas y caribeñas y también en Estados Unidos. Las deportaciones masivas, incluso en ciudades consideradas «santuarios», y el uso de aviones militares para repatriar a migrantes, han marcado un giro drástico en la política migratoria. Estas acciones, que incluyen negociaciones para declarar a países como Guatemala y El Salvador como «terceros países seguros», han despertado preocupación en toda la región.
En el programa Voces sobre la mesa, producido por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), se abordó este tema con la participación de Lisbeth Gramajo, coordinadora de la Red Jesuita Centroamérica-Norteamérica e investigadora de la Universidad Landívar de Guatemala. Gramajo, con amplia experiencia en temas migratorios, analizó las implicaciones de estas políticas y su impacto en los derechos humanos, las economías y las comunidades de la región.
Deportaciones masivas y mensajes mediáticos
Gramajo destacó que las deportaciones no son una novedad, pero la forma en que se están llevando a cabo bajo la administración de Trump son alarmantes. «Hemos visto vuelos militares transportando a migrantes engrilletados, algo que no era común en administraciones anteriores», explicó. Estas imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales y medios de comunicación, buscan enviar un mensaje claro: «Cualquier persona que intente ingresar de forma irregular será devuelta de esta manera».
La experta señaló que estas acciones tienen un triple propósito: cumplir con las promesas de campaña dirigidas al electorado estadounidense, presionar a los gobiernos de la región para que acepten a sus connacionales y disuadir a quienes consideren migrar hacia Estados Unidos. Sin embargo, estas medidas también generan tensiones diplomáticas, especialmente cuando países como Colombia se negaron inicialmente a aceptar deportaciones en estas condiciones, lo que resultó en la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.
Impacto social y económico
Las deportaciones no solo afectan a los migrantes, sino también a sus familias y comunidades. Gramajo explicó que muchas familias son «mixtas», con miembros que tienen diferentes estatus migratorios. «Cuando un padre es deportado, parte de la familia queda en Estados Unidos y otra parte regresa al país de origen», dijo. Esto genera un impacto psicológico y económico significativo, especialmente en comunidades que dependen de las remesas enviadas por sus familiares en el extranjero.
Además, las redadas en lugares de trabajo, escuelas y parroquias han creado un clima de miedo entre los migrantes. «Muchos ya no quieren ir a trabajar o asistir a reuniones comunitarias por temor a ser detenidos», comentó Gramajo. A pesar de esto, organizaciones locales y consulados han estado difundiendo información sobre los derechos de los migrantes, incluso en condición irregular, para que conozcan cómo protegerse.
Respuesta de los gobiernos latinoamericanos
Frente a estas políticas, los gobiernos de la región han respondido de manera diversa. Algunos, como Guatemala y El Salvador, han aceptado recibir no solo a sus connacionales, sino también a migrantes de otras nacionalidades. Sin embargo, Gramajo advirtió que estos acuerdos no son equivalentes a los «terceros países seguros», ya que los migrantes no pueden solicitar asilo en estos países, sino que son devueltos a sus lugares de origen.
La experta también destacó que muchos países no están preparados para recibir a un gran número de deportados, especialmente en términos de reintegración. «El desafío no es solo recibirlos, sino ofrecerles oportunidades laborales, acceso a servicios básicos y apoyo psicológico para que no vuelvan a migrar», explicó. Aunque algunos gobiernos han lanzado programas como «Bienvenido a tu casa» o «Retorno al hogar», aún falta una estrategia integral para abordar este problema.
Esperanza en medio de la adversidad
A pesar del contexto hostil, Gramajo destacó que hay ejemplos de solidaridad y hospitalidad en toda la región. «Vemos iglesias que abren sus puertas a migrantes, comunidades que los acogen y líderes que defienden sus derechos», dijo. Estas acciones, junto con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, ofrecen un rayo de esperanza en medio de la crisis.
En conclusión, las políticas migratorias de la administración Trump generan un impacto profundo en América Latina y el Caribe, tanto a nivel social como económico. Mientras los gobiernos de la región buscan responder a estas presiones, el desafío más grande sigue siendo garantizar una reintegración digna y sostenible para los migrantes que regresan a sus países de origen. En este contexto, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos se convierten en herramientas esenciales para enfrentar la adversidad.
