Durante los últimos días, las fuerzas del Estado en República Dominicana han reprimido violentamente a pobladores que se oponen a las actividades de esta empresa, acusada de generar contaminación ambiental, afectar la salud de las personas y destruir los medios de vida locales. La intervención incluyó el uso de balas y gases lacrimógenos, dejando al menos ocho heridos, entre ellos líderes comunitarios y dos sacerdotes, según informes locales.
Los habitantes de Arroyo Vuelta y otras comunidades vecinas rechazan las acciones de Barrick Gold, que incluyen desalojos forzados y el incumplimiento de acuerdos para reubicar a las familias afectadas. Denuncian que los precios ofrecidos por sus tierras son injustos y que las actividades mineras están contaminando fuentes de agua esenciales para más de mil familias.
Frente a esta situación, la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió un contundente comunicado condenando el uso desproporcionado de la fuerza y la violación de derechos humanos. Los obispos recordaron que “el afán de lucro no puede primar sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas” y llamaron a un diálogo abierto con la participación de todas las partes involucradas.
Por su parte, la Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe (CELAM) expresó su solidaridad con las comunidades dominicanas y exigió el retiro inmediato de las tropas militares de la zona. También hizo un llamado urgente a respetar los derechos humanos, cumplir con las leyes nacionales y establecer un diálogo mediado por la Iglesia para encontrar soluciones justas.
Producción: Radio Seibo en República Domincana.
