En Perú, el Congreso promulgó la ley 32107, la cual decretó de manera efectiva la prescripción de delitos de guerra y lesa humanidad, cometidos antes del 01 de julio de 2002. La normativa es fuertemente cuestionada por la ciudadanía y defensores en derechos humanos y es llamada también “Ley de la Impunidad”.
La controversial ley prohíbe el procesamiento y enjuiciamiento a personas involucradas en crímenes tildados como de guerra o lesa humanidad; es decir, militares o miembros de gobierno durante el conflicto armado.
Durante 1980 y el año 2000, se registró un aproximado de 69.000 víctimas, entre desapariciones, ejecuciones, secuestros, tortura y otros actos de terrorismos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, rechazó la norma del Congreso y señaló que desacredita años de lucha por los derechos humanos.
La ley fue publicada en el Diario El Peruano el 09 de agosto de 2024, y desde entonces es criticada por la ciudadanía, y organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.
PREOCUPACIÓN
Los abogados constitucionalistas Heber Campos y Beatríz Ramírez manifestaron que no existe garantías de que este tribunal constitucional, conformado por magistrados elegidos por este Congreso, declaren inconstitucional esta nociva ley.
Heber Campos señaló que de los 7 magistrados con que cuenta el máximo intérprete de la Constitución, se requiere de una mayoría calificada, es decir, 5 votos, para declarar fundada la demanda interpuesta,
En tanto, la abogada Ramírez declaró que con la mayoría que existe en el TC, es iluso y un error plantear demandas de inconstitucionalidad que busquen controlar normas consideras lesivas.
JUECES NO PODRÁN APLICARLA
De ser declarada infundada la demanda del MP, habrá un impacto negativo, según Campos y Ramírez, sobre el control difuso de los jueces en casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Los constitucionalistas también sostienen que el código procesal constitucional señala que cuando el tribunal ha confirmado la validez de esta ley, los jueces no podrán inaplicarla.
Sin embargo, si el TC valida esta “ley de impunidad”, el Estado peruano estará yendo contra los compromisos internacionales que se adoptaron en materia de protección de derechos humanos.
BUSCAN IMPUNIDAD
En medio de estos cuestionamientos a la ley de impunidad, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la pena de 12 años de prisión al exministro Daniel Urresti, sentenciado por el crimen del periodista Hugo Bustíos. En su sentencia, la sala penal fue clara y remarcó que en graves casos de violaciones a derechos humanos no aplica la prescripción.
El periodista Hugo Bustíos fue asesinado en Ayacucho, hace 35 años. Como corresponsal de la revista Caretas, exponía las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por grupos terroristas y fuerzas militares.
Con la ley de impunidad en vigencia, el general Luis Pérez Documet, prófugo de la justicia por la desaparición forzada de un maestro, acaba de pedir acogerse a la ley 32107. EL objetivo es redimir su condena de 15 años de prisión como autor mediato, por haber sido jefe político militar del Frente Mantaro, durante la desaparición del profesor César Hilario Trucios, en 1991.
Otros casos donde también se podría resolver los pedidos de prescripción, corresponden al exmarino Augusto Gabilondo García del Barco, procesado por 62 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Huanta en 1984. Además, está el caso de los exmiembros del Grupo Colina, Carlos Pichilingue, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal, investigados por el caso Pativilca-La Cantuta.
SE MANTIENEN EN SILENCIO
Meses atrás, durante la presentación del proyecto de ley de esta nociva norma, el Poder Ejecutivo se mantuvo al margen, evitando emitir algún tipo de observación o rechazo. De esta forma, con la inacción del gabinete de Dina Boluarte, la ley fue promulgada sin objeciones, pese a los informes que cuestionaron su aplicación.
Tras la aprobación de esta ley de impunidad que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, intentó restar responsabilidad al gobierno de Dina Boluarte.
«Ya es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma (…) Desde luego, corresponderá a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el Tribunal Constitucional tenga que resolver», respondió.
No obstante estas declaraciones, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, tenía la potestad y responsabilidad de observar esta ley, por contravenir los procesos por violaciones a los derechos humanos. Al no hacerlo, dejó en claro al Congreso que opinaban de la misma forma sobre la norma en cuestión.
Pese a todo, el ministro de Justicia señaló que el gobierno de Dina Boluarte respeta las posturas de las instituciones sobre la norma, por lo que también se mantendrá al margen de las acciones que se tomen en contra de la misma.
ASEGURA QUE NO HAY IMPUNIDAD
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Gustavo Adrianzén, manifestó, en conferencia de prensa, que esta ley no incurre en impunidad. Según dijo, la norma versa sobre delitos que no pueden ser retroactivos a la ley.
“Que con esta ley se está pretendiendo afectar, de modo alguno, el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia de la Corte, y se encuentra en etapa de ejecución. Y todos estos crímenes ya están siendo juzgados o ya se encuentran juzgados. Genera incomodidad o protesta la situación particular del ciudadano Alberto Fujimori [expresidente de Perú], comprometido en el caso Barrios Altos y La Cantuta, y el indulto que le fue conferido posteriormente al Habeas Corpus declarado fundado a su favor, y la libertad que ahora goza. Pero, eso no tiene nada que ver con la aprobación de esta ley. Y reitero, no hay impunidad”, aseguro Adrianzén.
El titular del gabinete ministerial también expuso su posición contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según dijo, Adrianzén, el organismo internacional envió una carta exigiendo al gobierno de Dina Boluarte garantías de justicia para las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Este caso en mención corresponde a la sentencia del expresidente Alberto Fujimori, condenado por los delitos de lesa humanidad, pero que actualmente se acogería a la ley 32107, promoviendo aún más la impunidad.
Gustavo Adrianzén sostuvo que, como gobierno, no actuarán bajo mandato de ningún ente supranacional.
IGLESIA CATÓLICA RECHAZA LEY DE IMPUNIDAD
En tanto, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana mostró su rotundo rechazo a esta “ley de impunidad”, debido a que limita la aplicación y el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos a partir de julio de 2002.
Para la Conferencia Episcopal, la norma trae graves consecuencias a la justicia y a la memoria histórica de los peruanos que vivieron y fueron víctimas de los crímenes ocurridos en el Perú de los años 90.
Por ello, el Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, invocó, de manera urgente, a las autoridades y a los entes responsables del Estado de Derecho en Perú, a implementar los mecanismos constitucionales respectivos, a fin de anular esta ley.
“Ante la ley 32107, que modifica los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, queremos manifestar nuestro profundo desconcierto y desilusión, porque una vez más se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando un irreparable daño a las víctimas de la violencia, a las familias afectadas, y a todos los que esperamos que nuestras autoridades trabajen por el bien común. El contenido de esta ley es inaceptable porque pone en grave riesgo la aplicación de una verdadera justicia, así como la responsabilidad del daño causado y el resarcimiento a las víctimas y sus familiares por las graves violaciones de derechos humanos. El Perú no puede ni debe contradecir ni apartarse de tratados internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, aclaró el monseñor Miguel Cabrejos.
Informa: Oscar Altamirano de Radio Cutivalú, Perú.
