Tras la cancelación de sus concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en México, la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. solicita una indemnización de 200 millones de dólares al estado mexicano.
Por su parte, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua exigió que las autoridades mexicanas consideren las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que la empresa generó en su territorio de manera ilegal durante el procedimiento de arbitraje.
La empresa señaló el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.
Almaden anunció que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.
Sin embargo, las organizaciones sociales afirmaron que las actividades de la minera generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa.
Además, cuestionaron que “la empresa minera sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas por la Unión de Ejidos a lo largo de estos años diez años de lucha, como se puede observar en la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las comunidades”.
Asimismo, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible de realizarse en la región, debido a los múltiples factores impactados que potencialmente desencadenarían la pérdida de los ecosistemas.
Por ello, solicitaron a la Secretaría de Economía, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, la Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas. En ellas se encuentran las afectaciones del proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre los daños generados al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
Informa: Sarahí Rivadeneira de Radio Tsinaka, México.
