El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) promulgó el Decreto Legislativo N° 1620, y anunció cambios de una supuesta mejora a los servicios que brindan las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a la población.
Según la ministra, Hania Pérez de Cuéllar, uno de los objetivos del dispositivo legal es lograr el servicio universal de agua potable y saneamiento, garantizando el acceso, la calidad, la equidad y la sostenibilidad del servicio; promoviendo la protección ambiental y la inclusión social.
La iniciativa generó bastantes controversias e incertidumbres, dado que el Decreto Legislativo N° 1620 incluye disposiciones sobre términos de concesión sobre su impacto en la tarifa del servicio de agua potable y la gestión de las cabeceras de cuenca, elementos críticos para el acceso y sostenibilidad del recurso hídrico en el país.
Ante las críticas, Pérez de Cuéllar habló sobre la moción de interpelación en su contra y reiteró que “esta ley no propone la privatización” y que lo que hace es “recoger un concepto y un modelo que ya existía en las 1280, qué es la concesión”, señaló.
Sin embargo, no solo es el tema de la privatización del agua lo que estaría en juego. Por ejemplo, en la zona norte del Perú, en Piura específicamente, se visibiliza la incapacidad de la ministra en dar continuidad a dos proyectos de agua y alcantarillado muy importantes para el asentamiento humano de varios distritos de las provincias de Piura y Sullana, los cuales están en espera de la Buena Pro.
En Sullana se suma los proyectos de la planta de tratamiento de aguas residuales y la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que también están sin rumbo para ejecutarse, así lo dio a conocer, el dirigente de Sullana, Alfredo Neyra Alemán.
Informa: Diana Sandoval de Radio Cutivalú, Perú.
Fotografía: Difusión/La República, Perú.
