La Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua anunció el miércoles 16 de agosto, la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas. Esto, debido a que una jueza de Managua les notificara la incautación de todos sus bienes inmuebles, así como sus “productos financieros”.
A través de un comunicado, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús desde El Salvador, expresó que «son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua».
El comunicado rechaza las acciones tomadas por el gobierno de Ortega, las cuales califican a la UCA como un “Centro de terrorismo” y por «traición a la confianza del pueblo nicaragüense” , además de acusarla de “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país”. «La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense», afirma el comunicado.
El comunicado manifiesta seis puntos importantes, de los cuales, el número tres hace referencia al contexto actual que vive el país:
«Esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país. A partir de abril de 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses, expresados en mecanismos como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Gobernación, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU); este último, excluyéndola de las universidades miembros de este órgano beneficiarias del 6% destinado a la educación superior.»
Para profundizar sobre lo que sucede en Nicaragua y lo que representa el cierra de las universidades, en entrevista con la abogada María Asunción Moreno, se analiza el tema.
María Asunción Moreno es graduada de la carrera de derecho en la UCA, promoción 1995. Después de su licenciatura, salió del país para estudiar su maestría y, cinco años después, se convirtió en profesora y coordinadora de la Carrera de Derecho en la universidad que le dio su formación. Junto a ella analizamos el cierre de esta universidad y lo que representa para Nicaragua y Centroamérica.
Reporte especial: Iolany Pérez de Radio Progreso, Honduras.
Comunicado de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
