Con la Constitución Política del Estado puesta en vigencia el año 2009 en Bolivia, se constitucionaliza la autonomía indígena en el país, sobre la base del “autogobierno” mediante las normas propias, instituciones y autoridades de los pueblos indígenas, y enmarcada en el derecho a la “libre determinación” en sus territorios ancestrales.
Desde su puesta en vigencia, más de treinta territorios indígenas demandaron el acceso a su autonomía, un proceso que resultó lento, al punto que, en tierras bajas de Bolivia, solo hay dos autonomías indígenas en plena vigencia; se trata de Charagua Iyambae y Kereimba Iyambae en el departamento de Santa Cruz, ambas demandadas por el pueblo guaraní.
Más recientemente, otras dos autonomías han dado el paso decisivo, por un lado, Huacaya, demandada por el pueblo guaraní en el la región del chaco del departamento de Chuquisaca, que recientemente eligió a las autoridades para una de sus zonas, a pesar de la oposición interna del sector campesino que no se siente incluido en el proceso y que incluso presentó demandas constitucionales contra el proceso, a pesar de que tuvieron la oportunidad de participar en la construcción del estatuto autonómico que regirá sobre el territorio. Sin embargo, a pesar de la oposición interna en el territorio, la autonomía indígena de Huacaya avanza.
Otro proceso autonómico que se consolidó en tierras bajas recientemente fue del Territorio Indígena Multiétnico del departamento del Beni, en este caso sin oposición, pero con un buen tiempo de retraso como consecuencia de la burocracia estatal. Los cinco pueblos indígenas que habitan en el TIM eligieron como su primer ejecutivo a Alfredo Matareco, que por supuesto encara el desafío de empezar a echar a andar la autonomía indígena en ese territorio amazónico.
La burocracia estatal también ha sido un elemento importante para el retraso de procesos autonómicos indígenas que tienen un gran respaldo dentro del territorio, como ocurre en Lomerío, donde el pueblo Monkoxi, hasta ahora no puede consolidar su autonomía territorial. Allí el cacique de la central indígena, Anacleto Peña, considera que lo que hace falta es voluntad política.
De alguna manera, en el caso de Lomerío la autonomía la vienen ejerciendo a partir de la propiedad sobre su territorio, durante la pandemia, por ejemplo, en coordinación con el municipio, hicieron una gestión del mismo, que incluyó la recuperación de saberes ancestrales para combatir los síntomas de la enfermedad, pero también el control de quienes ingresaban al territorio. Actualmente, han elaborado protocolos para el control de sus recursos naturales. Esto muestra que la autodeterminación y los procesos de autogestión y autogobierno son un derecho que los pueblos indígenas en Bolivia ejercen en la práctica, a pesar de la burocracia estatal.
Reporta: Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz, Bolivia.
Fotografía: IWGIA-Bolivia
