Luego de ser reprimidos, encarcelados y llevados a la justicia, los defensores del río Grande en el municipio de Reitoca en el departamento de Francisco Morazán, enfrentan el desplazamiento forzado de sus hogares, porque así lo ordenó el juzgado. Esta decisión es catalogada como un castigo a la defensa de los bienes naturales y persecución política. El Estado de Honduras no les permite a los defensores regresar al municipio, pese a que allí están sus familias, sus casas y demás bienes. Con las detenciones también se ha enfrentado el riesgo sanitario, ya que durante el proceso no se respetan las medidas de bioseguridad.
José Orlando Rodas, uno de los defensores criminalizados señala que con este nuevo proceso judicial se busca amedrentar la resistencia de la ciudadanía y aplastar la lucha, pero que, la empresa y el alcalde municipal no lograrán objetivo de seguir dañando el río con la hidroeléctrica, ya seguirán defendiendo la principal fuente de agua de esta comunidad indígena lenca.
En Honduras, se acomoda la institucionalidad a favor de las grandes empresas, ya que sigue vigente la habilitación que desde marzo del año 2020 rige para que se considere a las empresas extractivas como prioridad nacional, facilitando su operación en pandemia, aún sin licencia ambiental ni fiscalización.
Ya suman un total de 240 defensores y defensoras que enfrentan diferentes procesos penales, requerimientos fiscales y espera de audiencia en una debilitada institucionalidad jurídica y democrática con faltas al debido proceso.
Declaraciones de una pobladora de Reitoca y del representante de la plataforma internacional contra la impunidad Pedro Landa.
Producción: Leonardo Guevara Amaya, Radio Progreso – Honduras
