No es un hecho aislado. Las amenazas y hostigaciones han llegado a 7 asesinatos de líderes y líderesas indígenas que defienden el territorio, el mismo que ocupan de forma colectiva desde hace más de 200 años.
El Estado peruano no solamente ha dejado en vacío el reconocimiento de su titulación desde hace 30 años, les ha desprotegido en cuanto a su propio ejercicio de defensa del territorio, de la cultura y las tradiciones que se conjugan en el bosque, los ríos y las plantas que les rodean. El debilitamiento del Estado se evidencia en retardo a respuestas oportunas y favorables, investigaciones en los casos de vulneración de derechos humanos, incluso de sostenimiento de un sistema de impunidad y corrupción que aventaja a parceleros independientes con dinero, sobre comunidades enteras que exigen sus derechos colectivos a través de la tarea de representantes comunales que se enfrentan a empresas extractivistas, traficantes de drogas y otras concesiones similares.
La última la jefa asháninka Estela Casanto Mauricio ha sido asesinada el pasado 13 de marzo, y en este contexto se suma el asesinato de Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano.
Testimonios de Berlín Diques, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP; Teddy Sinacay Tomás, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC); Marisol García Pagueño, lideresa de la región san Martín.
Producción: Beatriz García Blasco y Gabriela Peña, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Apoyo: María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER
Foto: CAAAP
