En Chile, el despojo y saqueo extractivo, genera múltiples impactos y violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos, es el derecho al agua. En el actual momento de pandemia por el COVID-19, la escasez de agua gana proporciones aún más graves para la población en situación de mayor vulnerabilidad.
La consigna “No es sequía, es saqueo” se ha masificado en el contexto del estallido social en Chile. Esta es la expresión de los cientos de conflictos por el agua y medioambientales que han surgido en las últimas décadas frente al saqueo de la minería, el sector energético, el agronegocio y las empresas forestales. El desarrollo extractivo en Chile va de la mano de una gran presencia de capital extranjero. Las inversiones canadienses es una de las más importantes, principalmente en la minería, la electricidad, y en el lucrativo negocio de las empresas sanitarias.
Es importante resaltar que en Chile, el agua fue privatizada bajo la dictadura de Pinochet en la constitución de 1980. A través del código de aguas, entregó “derechos de aprovechamiento” a privados, de forma perpetua y gratuita, lo que ha privilegiado la creciente demanda de la industria extractiva.
El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), conversó con movimientos y organizaciones sociales que luchan por la defensa del territorio y por la recuperación del agua. La lucha del Movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA) ha sido emblemática en Chile, como nos cuenta Rodrigo Faundez: “La situación en Chile es muy crítica en distintos lados del país porque atravesamos un stress y una crisis hídrica que se viene acumulando cerca de 10 años producto de varios factores. Pero sumado a eso Chile es un país que tiene privatizadas sus aguas y un modelo primario exportador que exporta materias primas. Es uno de los exportadores mundiales de cerezas, paltas, cítricos, vinos y tiene muchísima superficie plantada en la zona central del país plantada por este tipo de cultivos. Esto genera un alto stress sobre los suelos de los territorios donde se emplazan estas actividades productivas. Esto ha generado con el tiempo sobretodo en la última década un número creciente de conflictos territoriales que se enfrentan a empresas que contaminan y es tanto el nivel de producción que terminan secando esteros, ríos y fuentes de aguas naturales. Entonces nosotros decimos que el saqueo extractivo efectivamente se expresa en las grandes empresas de distintos rubros, sobreexplotan el agua, la tierra, contaminan, y esta sobreexplotación amparada en la legislación privatizadora del agua y privatizadora y de todos los bienes comunes naturales termina por hacer estallar conflictos en distintas latitudes del país. La situación de robo de parte de las grandes empresas en cantidades industriales, el conflicto que se empezó a producir por distintas comunidades por el acceso humano y el derecho al agua decantó en la creación de este movimiento que lleva cerca de 10 años de existencia y de lucha a nivel nacional y que hoy estamos en distintas regiones del país. Ya estamos en 11 de 16 regiones del país porque la lucha por el agua ha crecido, se ha multiplicado y el movimiento ha pasado a ser uno de los más importantes en la denuncia nacional y a nivel internacional sobre el derecho al agua interviniendo en distintos debates públicos sobre el tema”.
En pleno estallido social, Chile participó al encuentro más importante del sector minero que tuvo lugar en marzo de este año en Toronto, Canadá. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) nos comenta sobre esto: “El litio en Chile se encuentra en salares donde viven comunidades indígenas, donde hay ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción y el ministro de minería va a Toronto a ofertar la posibilidad de explotar los 52 salares que existen en el norte de nuestro país. No sólo el Salar de Atacama que es el salar más importante que tiene nuestro país sino que todos los salares que algunos de ellos incluso están protegidos por convenciones ambientales internacionales como la convención de Ramsar (ya confirmado que se escribe así) en este caso de humedales alto andinos”.
Chile otorga a las concesiones mineras un derecho preferente para usar las aguas sin ninguna restricción. Gran parte de la matriz energética en Chile proviene de las hidroeléctricas, siendo el mayor consumidor de esta energía el sector minero. Esto ha impulsado el desarrollo hidroeléctrico en el sur del país principalmente en territorios de comunidades mapuches.
Ximena Cuadra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) que hace parte del Movimiento por el agua y los territorios (MAT), nos cuenta sobre la situación en la zona centro-sur del país: “En este territorio, los principales conflictos en torno al agua están asociados a los dos grandes procesos extractivos que se viven en el sur de Chile. Uno es la industria forestal y el segundo es la expansión de la hidroelectricidad. Para explicar el conflicto del agua con respecto al sector forestal, lo que es importante señalar es que las expansiones de tierra que ocupan las forestales son miles dentro del país. Las empresas forestales capturan una cantidad importante de agua que se produce a través de las napas subterráneas. Por lo tanto van secando las fuentes de agua de la que disponen comunidades aledañas a las empresas forestales las napas y eso tiene consecuencias directas en la población. Con respecto a los conflictos con las centrales hidroeléctricas, estas capturan el agua para construir embalses. En Chile la constitución reconoce el sistema privado del mercado de las aguas y por lo tanto el agua que corre por los ríos no es de quien posea la tierra, por lo tanto las centrales hidroeléctricas han acumulado derechos de agua más allá de los que utilizan. Entonces en la región de la Araucanía sólo el 3% de los derechos del agua se utiliza para el consumo y está en manos de sanitarias, comunidades mapuches y comités de agua potable. El resto de los derechos de agua están concentrados en el riego y para la hidroelectricidad. El 21,5% de las viviendas en la región de La Araucanía accede a agua potable en camiones aljibes y eso representa a 42 mil personas”.
Según OLCA, diversas regiones del país se han declarado como “Zonas de emergencia agrícola” afectando a más de 11 millones de personas. A esto se suma, las 147 comunas en situación de escasez hídrica, según lo denunciado por MODATIMA. Rodrigo Faundez, nos comenta cómo se enfrenta esta situación frente al COVID 19: “Por la crisis hídrica se multiplican cada vez más esa forma de abastecimiento de agua en las zonas rurales y eso significa que es probable que también sean una fuente de contagio y un vector del coronavirus porque no hay fiscalización ni vigilancia sobre esa red de camiones que distribuye agua potable en las zonas rurales. Estamos también demandando que los sectores relacionados con el agua vigilando que empiezan a imponer sus intereses especulativos y financieros en el covid o post covid en estos temas”.
Canadá es el tercer país que más invierte en Chile si se suma a su participación en la minería, al del sector eléctrico y de aguas sanitarias. Si consideramos solo el sector minero, Canadá es la principal fuente de capital extranjero, con más de 40 sociedades mineras y más de 100 proyectos en el país. Existen diversas instancias del gobierno canadiense que contribuyen a facilitar sus inversiones en el extranjero, como nos explica Lucio Cuenca de OLCA: “Una de las grandes problemáticas que ha profundizado la desigualdad y ha empobrecido nuestro país y ha precarizado la vida en muchas dimensiones son las inversiones extranjeras en la explotación de los recursos naturales y específicamente en la explotación de la minería. En ese ámbito, Canadá tiene un rol fundamental. Para eso, se ha contado con una política sistemática del Estado, del gobierno canadiense a través de la Agencia de crédito para las exportaciones de Canadá que otorgan créditos a empresas, pero no sólo eso sino que también entregan el respaldo político para que estas operaciones se puedan realizar en nuestro país. Ha negociado en condiciones favorables estos créditos y que todos sabemos, tienen beneficios para las empresas pero son condicionados por el gobierno canadiense para que se negocie directamente con otras empresas canadienses para proveer servicios, tecnologías, etc. por lo tanto son relaciones extremadamente interesadas y que hacen omisión a las violaciones de derechos humanos en Chile”.
El Fondo de pensiones de profesores de Ontario-Canadá es propietario de cuatro empresas sanitarias que proveen de agua potable, tales como Aguas del Valle, Nuevo Sur, ESVAL y ESSBIO. Controla así más de un tercio del lucrativo mercado sanitario. Según datos de MODATIMA, de las 10 ciudades con la tarifa de agua más cara en América latina, 7 de ellas son de Chile alcanzando un precio de hasta 346$ USD mensuales. De igual forma, el Fondo de pensiones de profesores de Ontario posee el 50% de la empresa de distribución y transporte de electricidad SAESA. Esta empresa está asociada a una serie de conflictos y violaciones de derechos humanos en territorios de comunidades indígenas al sur de Chile.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el conflicto con la comunidad newen de Tranguil asociado al feminicidio empresarial de Macarena Valdés, aún impune. Además, la empresa SAESA busca implementar una serie de torres de tendido eléctrico de alto impacto en la comunidad Mapuche Williche Alto Fundo Gamboa.
Lucio Cuenca de OLCA nos comenta sobre los intereses que están en juego para Canadá frente al estallido social. El gobierno canadiense ha hecho caso omiso de la situación de violación de derechos humanos: “Mucho de la precarización que se vive hoy en los territorios corresponde a la intervención de empresas canadienses. La apropiación del agua en muchos territorios que incluso dejan sin posibilidad de desarrollar la vida a muchas comunidades indígenas o campesinas del norte de Chile. La política de relaciones comerciales e inversiones entre Chile y Canadá es fuertemente impulsada por el gobierno canadiense y su embajada acá en Santiago. Esto se debe a la incursión de las inversiones canadienses en nuestro país donde la embajada canadiense por ejemplo actúa casi como una agencia de apoyo de estas empresas para ejercer presiones políticas, para buscar soluciones a los inconvenientes que tienen estas inversiones en nuestro país. Por lo tanto hay una relación muy íntima entre la inversión canadiense en minería, la apropiación de los recursos naturales no sólo mineros, sino que también en este caso en el agua y la violación de derechos humanos que ocurre en muchos lugares de Chile y por lo tanto ahí entendemos por qué el gobierno canadiense ha dado silencio luego del estallido social y de la revuelta social que hemos vivido en los últimos meses. No ha tenido una condena a la vulneración de los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Piñera”.
Desde Canadá, reporta Christina Ayala del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).
