Había mucha expectativa por la creación en Canadá del puesto de Defensor del Pueblo para investigar las violaciones de derechos humanos que esas empresas extractivas provocan en América Latina. Sin embargo la persona designada no cumple los requisitos reclamados por las organizaciones sociales, no tendrá las facultades necesarias y además tiene antecedente de lobby a favor de empresas petroleras.
En enero de 2018, el gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la creación del puesto de ombudsman, una especie de defensor que, supuestamente, tendría poder de investigación sobre la industria extractiva canadiense a nivel internacional, especialmente en América Latina con sus proyectos de minas, petróleo y gas.
El 8 de abril de este año, recién se designó a la persona encargada y lo que debería ser una importante noticia, termina siendo una dura desilusión. Nuestra compañera Cindy Chanduví de Radio Cutivalú de Perú entrevistó sobre el tema a Marie-Eve Marleau, coordinadora Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).
