Familias campesinas de la provincia de Santiago del Estero son amenazadas por empresarios que utilizan bandas armadas para que dejen la tierra que habitan y trabajan hace más de tres décadas.
El avance de la frontera agrícola en un país que se rinde al monocultivo de la soja junto a la complicidad de un estado provincial que mira hacia otro lado, son el telón de fondo de un problema que hace dos semanas tuvo la muerte de Hector Corvalan, un campesino que fue quemado al defender su territorio.
En la misma provincia, el viernes, en horas de la tarde, una banda de 20 civiles armados se presentó en la comunidad de Pozo Herrera, a unos 40 km de ciudad de Añatuya, amenazando y golpeando a la familia a unas diez familias que querían desalojar. Un hecho que fue denunciado por la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, desde donde José Luis Castillo, recordó la vigencia de leyes que impiden los desalojos.
Se trata de campesinos que producen cabras de manera orgánica protegiendo el bosque aplicando técnicas agroecológicas junto a ONG y Universidades que siguen su trabajo, recordó el Ingeniero Agrónomo, Sergio Parra, que acompaña a los campesinos desde INCUPO.
Esta vez, los campesinos salvaron sus vidas, sin embargo, no corrieron la misma suerte Cristian Ferreyra en 2011, Miguel Galván, en 2012, Sixto Ruíz, Eli Juárez, Hector Reyes Corvalán y tantos otros que pagaron con su vida la defensa de los territorios que ocupan desde la época de sus abuelos.
En los últimos años la fiebre de la soja aumentó la presión y la voracidad de empresarios que avanzaron sobre los montes santiagueños, expulsando a las familias campesinas, con un estado muchas veces cómplice.
En Santiago del Estero, los reclamos de justicia de las organizaciones campesinas siguen sonando como campanas de palo.
Hernán Agustini de INCUPO nos informa:
Fuente: INCUPO
