El superintendente de comunicación encargado, Edinson Toro, anunció el primer diagnóstico del organismo, donde señaló que no se consolidó institucionalmente.
En algunas acciones deberá intervenir la Contraloría, con pedidos especiales por parte de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), donde un proceso inicial da cuenta de procesos de contratación con supuestas irregularidades.
Dijo el funcionario “faltas graves en ciertos procesos como manuales de operación de talento humano, por ejemplo, existen varios aspectos que también ameritarán una acción de Contraloría General del Estado”
También se revisarán contratos de consultoría y se ajustarán los cargos en la institución respecto al personal con los contratos ocasionales.
En cuanto a las sanciones que interpuso la Supercom, Toro señaló que el organismo realizó 1188 procesos administrativos desde el 2014, donde los principales fueron por oficio e incluso desde los mismos funcionarios de la institución.
Toro indicó “las denuncias no vienen dadas solamente por la ciudadanía, aquí hay que discriminar respecto a quién inicia por denuncia procesos administrativos, y tenemos desde instituciones del sector público nacional, de gobiernos autónomos descentralizados, de funcionarios públicos e incluso denuncias por propios funcionarios de la Superintendencia de Comunicación”.
Del total de los procesos, 706 fueron sancionados con 428 multas, de los cuales únicamente 25 serán revisados por la administración actual, dado que por plazos legales no pueden revisarlos todos. Sin embargo, esto representa 3.000.000 de dólares por las sanciones.
Detalló el superintendente encargado “de eso solamente se ha recaudado efectivamente 879.000 dólares aproximadamente, pero si puedo adelantar que la mayoría fueron medios privados y hay medios privados reiteradamente sancionados, tema que para los abogados nos resulta bastante chocante, por ejemplo que la propia Superintendencia se sienta ofendida, la Superintendencia inicia el trámite, sustancia el procedimiento, se sanciona y pretendía en un momento determinado incluso cobrar la multa, es mínimamente una aberración jurídica”.
Finalmente, Edinson Toro ratificó que la institución deberá ser suprimida y que se analizará el número de funcionarios necesarios para operar, dado que puso como ejemplo la Dirección de Fiscalización que no efectuó ningún producto, actualmente la Supercom cuenta con 320 funcionarios.
Felipe Mosquera de Corape nos informa:
Fotos: Corape y El Telégrafo
