2017-12-04
Diálogo con Roberto Bissio
La Organización de la sociedad civil Social Watch, en alianza con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, lanzó el documento Spotlight 2017 para dar seguimiento a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El informe brinda una evaluación independiente sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en el mundo, contando con informes nacionales y análisis elaborados por representantes de organizaciones de la sociedad civil que observan los ODS, desde sus distintas miradas y especialidades. «La combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales», afirma el documento. Disponible sólo en inglés.
Para comentar el contenido del informe, entrevistamos el experto Roberto Bissio, de Social Watch con sede en Uruguay, quien subraya los impactos negativos de las alianzas público-privadas para la implementación de los ODS y la garantía de los derechos humanos. El informe muestra las amenazas de las alianzas público-privadas, que se caracterizan por la ineficiencia y la corrupción. Llama la atención de los gobiernos para que la esperanza en estas alianzas no se impulse, pues salen más costosas al generar deuda pública y la corrupción asociada, lo que atenta contra los ODS en vez de apoyar su realización, afirma.
El informe Spotlight, señala a la Agenda 2030 con desafíos que requieren un nuevo enfoque y modelo de desarrollo, lo que implica la necesidad de crear nuevos indicadores que atiendan a ese cambio de paradigma. Bissio señala la necesidad de crear mecanismos que permitan contar con la opinión de la gente sobre la calidad de la vida y los servicios, desde otros conceptos y perspectivas, por ejemplo, considerando el concepto del Buen Vivir en América Latina y el Caribe nos invita a otro modelo y forma de pensar, y nos presenta desafíos interesantes que se seguirán discutiendo en los próximos años.
¿Cuáles son los principales hallazgos del informe Spotlight 2017 y con qué objetivo fue elaborado?
El objetivo del documento es verificar la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en la práctica. El primer volumen del informe se dio a conocer en el 2016, cuando se había adoptado la Agenda, la cual tiene muchos puntos positivos que van más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Entre estos puntos, se destaca que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen obligaciones para todos los países, no solo para los países en desarrollo. Es una agenda universal que combina elementos de conciencia con las limitaciones del planeta, como los cambios climáticos y la necesidad de repensar los patrones de producción y consumo, con otros que se refieren a la búsqueda para alcanzar la igualdad entre los países y al interior de ellos, así como por erradicar la pobreza, desde sus múltiples dimensiones y con la implementación de medidas de seguridad social para todas las personas.
Creemos que la Agenda es renovadora y tiene un gran potencial de transformación. Por ello, es necesario continuar promoviendo movilizaciones para acompañar cómo se aplican los ODS en los países. En ese sentido, el Informe Spotlight 2017 se muestra los principales obstáculos para el cumplimiento de la Agenda 2030 y analiza si el sector privado actúa como un actor clave para la implementación de los ODS. De acuerdo a los informes y análisis que forman parte en el Spotlight 2017, se observan cada una de las metas de la Agenda y las alianzas firmadas por los gobiernos con el sector privado, se evidencia que las mismas se muestran ineficaces y hasta contraproducentes para la realización de los ODS. Estos hallazgos durante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU y llaman la atención a la comunidad internacional sobre los riesgos de las alianzas público-privadas, que en general resultan más costosas, generan deudas externas, poco democráticas y abren camino para la corrupción.
La elaboración del Informe Spotlight resultó de una alianza entre distintas redes y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo y con qué objetivo se impulsó esta iniciativa conjunta?
La elaboración de estos informes se inició desde el Grupo de Reflexión sobre la Agenda 2030, que fue creado en el 2010 y produjo sus primeros análisis presentados en el contexto de la Cumbre Río+20 en el 2012. Entonces se hizo un llamado a los Estados para que retomaran su espacio de acción. Este grupo se compone por varias redes y organizaciones de la sociedad civil, para que pudieran analizar desde su especialidad un análisis del cumplimiento de los ODS. La iniciativa se impulsa por organizaciones aliadas de la Social Watch, que ya tienen un histórico de actuación en defensa de la realización de la Agenda 2030.
El informe aborda los impactos negativos del financiamiento privado y la influencia especialmente del Banco Mundial en la implementación de los ODS y las democracias de nuestra región. ¿Nos podrías comentar al respecto?
El informe analiza una contradicción en el discurso vigente en torno a los ODS, pues al mismo tiempo que la Agenda plantea “no dejar nadie atrás”, desde el compromiso con la erradicación de la pobreza extrema, la igualdad y la superación de las exclusiones, por otro lado, los gobiernos argumentan que no tienen dinero para impulsar las políticas públicas necesarias, y por ello los recursos para cumplir la Agenda deberían obtenerse desde alianzas con el sector privado.
En torno a esa idea, hace un par de años, los bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y los Bancos Asiático y Africano, en alianza con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsaron la idea la necesidad de transformar los recursos disponibles de millones a trillones de dólares, movilizando mayores recursos gracias a las alianzas con el sector privado. Estos trillones, se han invertido especialmente en obras de infraestructura que son realmente costosas. Sin embargo, hay muchos de los ODS que no dependen necesariamente de dinero, sino que requieren voluntad política, por ejemplo, la creación de leyes que benefician las mujeres, grupos étnicos y otras minorías, no necesitan propiamente de recursos financieros. Igualmente sucede con el cambio de los patrones de consumo, pues transforman y reducen el consumo que a su vez determinan el ahorro de dinero y no mayores gastos. También ocurre con las políticas que enfrentan los cambios climáticos.
El Banco Mundial estima que son necesarios 66 mil millones de dólares al año para erradicar la pobreza en el mundo. Sin embargo, esto se afirma desde la perspectiva de que es dinero público, el Banco Mundial y los recursos de la cooperación internacional deben servir como garantías al sector privado para recabar inversiones y construir infraestructura, tomando como modelo lo probado inicialmente en Brasil, a través de alianzas con empresas como Odebrecht. Solo en el 2011, el Banco Mundial concedió 50 millones de dólares para que esta empresa emitiera bonos en Brasil y el exterior, implementando proyectos de infraestructura. Después de los escándalos de corrupción que involucran a Odebrecht, se concluyó que buena parte de estos proyectos se lograron por corrupción y soborno. Con los resultados surge la pregunta de si fue un accidente relacionado a una única empresa, o más bien es parte del modelo de alianzas con el sector privado.
Este tipo de alianza pasan otros ámbitos como en educación y la salud. Por ejemplo, Odebrecht, en muchos países, construyó escuelas y luego encargó de proveer los servicios de limpieza, alimentación, a cambio de contratos de 20 años. Por ello no se sabe si es más convenientes o más caro que el modelo en que el gobierno agencia estos servicios en alianza con otros proveedores.
Para la realización de la Agenda 2030, Spotlight 2017 reclama la recuperación del espacio de las políticas públicas y el aumento de las finanzas públicas, fortaleciendo a la vez las estructuras de gobernanza participativas y democráticas en todos los niveles. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer a los Estados en ese sentido?
El informe demuestra que las alianzas público-privadas y la privatización generan un problema para lo público, tanto para la sociedad civil, obligada a pagar impuestos más altos, tanto como para los Estados, que adquieren y amplían deudas. Asimismo, las alianzas público-privadas no pasan por aprobación parlamentaria, son del tipo “compra ahora” y “paga después”, lo que resulta un modelo atractivo para los gobiernos por su potencial de soborno y porque por esa vía los políticos realizan obras de inmediato y obtienen éxitos políticos, transfiriendo los gastos para la gestión posterior. El modelo es tan perjudicial, que incluso la China concluyó su inconveniencia, por eso impulsa sus contratos con iniciativa privada de manera convencional, es decir sin seguir el modelo planteado por el Banco Mundial.
El informe evidencia que las alianzas público-privadas se caracterizan por la ineficiencia y la corrupción, por lo que se llama la atención de los gobiernos para que la esperanza en estas alianzas no se profundice, pues salen más costosas al generar deuda pública y la corrupción asociada, finalmente atenta contra los ODS.
El informe reclama políticas públicas eficientes y capaces de atender las necesidades de la población. Cumplir los ODS implican implementar políticas de salud, educación, seguridad social y protección social de manera democrática, con recursos suficientes. Se necesita entonces tener una base fiscal adecuada. Sabemos que los Estados están lejos de cobrar todos los impuestos que podrían cobrar, haciendo vistas gordas a la evasión fiscal y concediendo exenciones. Hay una tolerancia de los gobiernos con la evasión, y a la vez afirman que no tienen dinero para implementar las políticas públicas. Lo que sucede es que no recaban los impuestos adecuadamente y eso se vincula con la desigualdad, pudiendo solventarse de manera redistributiva a través de políticas tributarias progresivas a nivel nacional y por otro lado políticas internacionales de cooperación que impiden la evasión fiscal y la existencia de paraísos fiscales.
El capítulo del informe que analiza el ODS 4, referido a la educación, aborda varias de las dimensiones de la privatización y comercialización de la educación, con el no cumplimento de la gratuidad. ¿Cuál es la importancia de abordar este derecho en los análisis?
La garantía de la educación pública, gratuita, laica y obligatoria como un derecho humano no es un tema nuevo, es un objetivo del siglo XIX. En el siglo XIX, empezaron a crearse leyes y políticas en América Latina y el Caribe para garantizarlo. Por lo tanto, es un retroceso muy grande que no se haya logrado en la actualidad alcanzar una educación pública, gratuita y laica en la mayoría de los países de la región, por ejemplo, en Chile, donde la gratuidad todavía es una demanda del movimiento estudiantil. Resulta un tema enorme durante la última campaña electoral presidencial en los Estados Unidos, en la que se discutió el problema de la deuda de estudiantes con universidades privadas. La educación como empresa lucrativa es un problema grave en todo el mundo, desde los países en desarrollo hasta los países más ricos, donde la educación privada se muestra más eficiente y con escasos mecanismos de control.
Con el informe se presentan problemas y se defienden la creación de políticas públicas sin negar que, con políticas correctas y reglamentación adecuada, las empresas privadas contribuyen con la educación. Pero, esa participación del sector privado debe tomarse en cuenta tal como plantean los ODS, como actividad complementaria sobre la que los Estados tienen la responsabilidad esencial y principal de implementar la Agenda 2030, garantizando todos los derechos humanos, entre ellos por supuesto la salud y la educación.
¿Te gustaría añadir algún otro reto u oportunidad que se identifica para el cumplimiento de la Agenda 2030?
De acuerdo al informe Spotlight, la Agenda 2030 presenta desafíos que requieren un nuevo enfoque y modelo de desarrollo, lo que implica la necesidad de crear nuevos indicadores que promuevan el cambio de paradigma. Este es un grave problema, pues no se cuenta aún con indicadores que evalúen la calidad de las políticas. Hay que tener un análisis cualitativo, y no solo basarse en números, porque se reduce a una ilusión tecnócrata de que todo se reduce a números lo que es peligroso. Hay que crear mecanismos que permitan contar con la opinión de la gente sobre la calidad de la vida y los servicios, desde otros conceptos y perspectivas. Por ejemplo, el concepto del Buen Vivir en América Latina y el Caribe nos invita a otro modelo y forma de pensar, presentando desafíos interesantes que se seguirán discutiendo en los próximos años.
Escuche la entrevista completa aquí:
Producción: CLADE – Fabiola Munhoz / Apoyo: ALER – María Cianci Bastidas
