Estado de sitio en Ixchiguán y Tajumulco: enfrentar un problema afectando derechos.
En Guatemala los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, del departamento de San Marcos fronterizo con el sur de México, están bajo estado de Sitio desde el 10 de mayo.
La imposición de esta medida tiene raíz en un conflicto de 83 años de línea limítrofe entre los dos municipios, al que se acumula el cultivo de amapola ante la ausencia de condiciones de vida por la ausencia del Estado en garantizar los servicios básicos.
La Ley de Orden Público que ampara esta medida creada en 1965 en un contexto de guerra, establece que “El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado; si no también cuando se registraren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva”.
Las autoridades del Organismo Ejecutivo han indicado que las autoridades locales ha solicitado esta medida, pero en más de una ocasión los dos alcaldes municipales de los dos municipios han negado semejante solicitud y una delegación de pobladores de los dos municipios se presentó en el Congreso el 6 de julio para pedir el cese del Estado de Sitio. Cinco días después fue prorrogada la medida por 30 días más.
Para Norma Mejía activista de derechos humanos, originaria del departamento de San Marcos, un conflicto de 83 años no se resuelve con un Estado de Sitio. Para la analista Iduvina Hernández de la organización Seguridad en Democracia, una medida como el Estado de Sitio pone a la población en un estado previo a un Estado de guerra.
Según Francisco Rocael del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO, al imponerse esta medida se restringen varios derechos constitucionales, lo que violenta la libre organización y movilización de los pueblos. Para Norma Mejía y Francisco Rocael, el argumento del narcotráfico es un problema histórico y al generalizarlo se vulneran los derechos de la población
Este Estado de Sitio, fue ratificado de urgencia nacional por el Congreso el 11 de mayo, prorrogado el 7 de junio con 106 votos, y con 92 votos a favor fue prorrogado el 12 de julio. Según reportes oficiales, se cree que hasta la primera semana de julio se han erradicado amapolas valoradas en US$845 millones.
Uno de los momentos críticos desde que se estableció la medida es el enfrentamiento entre pobladores y agentes de la policía nacional civil el 6 de julio, que dejó diez heridos, ocho pobladores y dos policías, quienes fueron atendidos en el Centro de Salud y algunos fueron trasladados al Hospital Nacional de San Marcos. Hasta el momento no se contabilizan las detenciones que se han realizado.
Informe: Simón Antonio – Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER.
Foto: Prensa Libre
