La posible reelección presidencial en Paraguay divide a las fuerzas políticas.
La polémica en torno a la eventual presentación de un nuevo proyecto de enmienda de la constitución del Paraguay para permitir la reelección presidencial no solo ahondó la crisis entre los partidos tradicionales, como la ANR y el PLRA, que ya vienen divididos, sino que afectó a la disidencia y sus aliados.
Estos habían sellado un pacto que permitió mantener una mayoría de 23 votos contra el presidente de la República, Horacio Cartes, y ahora prácticamente se concretó una ruptura con el alejamiento del sector del Frente Guasu.
Fugas de uno y otro sector, así como permanentes acusaciones y crispaciones forman parte del escenario actual en la Cámara Alta, en donde el tablero político cambia permanentemente, en medio de la indefinición sobre la presentación del proyecto y los votos.
Por un lado, están los oficialistas aferrados a la posibilidad de que Cartes pueda mantenerse en el poder otros cinco años más y con un discurso de «que la gente decida», pasando incluso por encima de la Constitución Nacional, y pretenden que pueda habilitarse la reelección.
En la vereda de enfrente están los que defienden la Carta Magna y se ratifican que el proyecto de enmienda que se había rechazado el 25 de agosto pasado ya no puede volver a presentarse hasta dentro de un año.
El ex obispo Fernando Lugo camina en la cuerda floja en este momento luego de que la Justicia Electoral haya dado vía libre a una demanda del oficialismo en su contra por supuesta propaganda engañosa. Lugo viene ratificándose que votará en contra, pero hay un nuevo escenario que podría hacerle repensar sobre su postura.
Luis Alberto Mauro (asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral) manifestó que cualquier resolución o modificación de leyes deben realizarse antes de la convocatoria y comunicación del calendario electoral (aproximadamente 21 de agosto del 2017) porque “después de las reglas de juego ya no pueden cambiar”.
El diputado colorado de la disidencia Ariel Oviedo fue elegido como presidente de la Comisión Permanente del Congreso y dijo que “vamos a actuar como corresponde y dice el reglamento”, en relación al proyecto de la enmienda que pretende ser instalado por los oficialistas. Sostuvo que su posición particular es que la iniciativa no puede ser tratada durante un año.
Iván Recalde, único orador del acto central de la marcha contra la reelección que convocó a más de diez mil personas en la Plaza de la Democracia, acuso al actual presidente de tener “ambición desmedida y bajeza moral”; de usar “dinero mal habido para arrendar conciencias”; de poner “la república en riesgo”; de “empobrecer y endeudar el país como ningún otro en la historia” y de pretender “avasallar la Constitución con dinero proveniente de actividades ilictas” además de mencionar la larga lista de casos que vinculan a sus asesores “ad honorem” y miembros del Gabinete en casos de corrupción.
