En Nicaragua se cumplen 2 años del anuncio del canal interoceánico.
El megaproyecto pretende unir el océano Atlántico con el Pacífico, según el presidente Daniel Ortega, para contribuir al desarrollo del país. Sin embargo no piensan lo mismos las familias campesinas que viven ancestralmente en lo que será el recorrido del canal.
Ellos llevan dos años de lucha reclamando que la obra no se lleve adelante por el daño irreparable que provocará al medio ambiente. Por ahora las obras no han comenzado y según sus responsables se están realizando todos los estudios necesarios. Sin embargo hay una ley aprobada que le otorga la construcción a la poderosa empresa china HKND, que tendrá la concesión por 50 años, prorrogables por 50 más.
Este 22 de diciembre se cumplen dos años en que el concesionario de la empresa, Wan Jing, apareció de la mano con el presidente Daniel Ortega, anunciando el inicio de la construcción, sin que hasta ahora se observe a simple vista ninguna obra.
El gobierno le entregó la concesión al empresario, mediante la ley 840, que le brinda todas las facilidades, un contrato jamás visto en la historia del derecho en Nicaragua, en donde el empresario puede hacer y deshacer sin reparar ningún daño y pasando por encima de los derechos humanos de las personas que viven sobre la ruta, sostiene Mónica López, asesora legal del movimiento campesino anti canal.
Y aunque la obra sigue en estudios, la represión sobre las personas que se oponen ha sido evidente, en diferentes momentos que se han querido manifestar en marcha nacionales han sido reprimidos, el más reciente caso fue el pasado 30 de noviembre, en donde todo el país fue militarizado para evitar que las personas pudieran llegar a Managua a manifestarse.
Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, conocido también como el movimiento campesino anti canal, ha sido objeto de retención y violación a sus derechos humanos en varias ocasiones, lo último fue que le quitaron sus medios de transporte por varios días y fue por la presión nacional que finalmente se los regresaron.
Ramírez sostiene que “es lamentable lo que aquí se está viviendo, vemos que están provocando al pueblo para que caigamos en violencia”. Ella pide también “que el pueblo esté pendiente de lo que pueda pasar con los campesinos”.
Para el vocero del proyecto del gran canal, por parte del gobierno, Telémaco Talavera, la obra sigue su curso y en el año 2017 se verán las primeras construcciones. Según afirma “estamos trabajando por el bienestar de unos y otros, para que mejoren las condiciones de vida, de salud, de educación, de empleo de todos”. Según explicó “el proyecto no se ha detenido, cuando arranque va a ser cuando esté absolutamente listo todo, porque este es un proyecto que debe ser hecho con la mayor calidad y, además conservando los aspectos ambientales y sociales para el bienestar de todo el pueblo de Nicaragua”. Con respecto a los campesinos aseguró que “tienen garantizada su tierra y una indemnización justa pero también un trabajo por mejorar la educación, la salud y el empleo”.
Esto no convence a las personas que se encuentran en la ruta, en su mayoría campesinos y productores, quienes desde hace dos años viven en zozobra, no se le permite nuevas modificaciones en sus casas y tampoco se les atiende en la demanda de obras públicas en sus comunidades, según denuncia la asesora legal Mónica López. Ella aclara que “el movimiento no se va a dejar intimidar y la lucha del movimiento campesino se mantiene con más fuerza”.
El pasado primero de diciembre grupos opositores y partidos políticos se manifestaron también en Managua en contra del proyecto del canal en donde las personas se solidarizaron con el movimiento campesino.
