Resolución emitida por el gobierno el último día 18 de Agosto disuelve sindicato de trabajadores/as de la educación del país, la Unión Nacional de Educadores. En nota, CLADE y el Contrato Social por la Educación, su miembro en Ecuador, exhortan al Ministerio de Educación del país a revertir la decisión que viola el derecho a la libertad de expresión y asociación y debilita la democracia. Lea, a seguir, el comunicado completo
El Contrato Social por la Educación en Ecuador y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su rotundo rechazo y condena a la resolución emitida por la Subsecretaría del Ministerio de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de Agosto, que disuelve la Unión Nacional de Educadores (UNE), poniendo fin a una entidad con personería jurídica desde el 19 de abril de 1950.
El gobierno ecuatoriano afirma que la resolución se emitió en base al artículo 22, numeral 7, del Reglamento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, que cita como causal de disolución de una organización el “incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”. Sin embargo, el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, afirmó el pasado 5 de Agosto que “la disolución de organizaciones sindicales es una medida que solo debe tomarse en casos de extrema gravedad, y como resultado del fallo de un tribunal y como último recurso, tras haber agotado otras vías menos drásticas”.
La UNE señala que el gobierno ecuatoriano pretende disolver el sindicato por sus recientes declaraciones públicas ante la Conferencia de la OIT y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con las que denunciaron que el gobierno ha impedido de forma sistemática su libertad de asociación, así como ha promovido otras violaciones a los derechos de las/os trabajadoras/es de la educación.
Fotografía: Ecuador libre
Este sindicato subraya además que la decisión de disolver a la Organización carece de motivación constitucional y debe declararse nula. El gremio cita también las recientes observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitidas en su Sexto informe periódico del Ecuador, en donde expresó su preocupación sobre la legislación del Estado, la cual contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones con base en causales muy amplias o ambiguas.
Ante dicha situación, el Contrato Social por la Educación y la CLADE:
• Exhortan al Ministerio de Educación de Ecuador a revertir la decisión que viola el derecho a la libertad de expresión y asociación de las y los integrantes de la UNE, debilitando a la democracia y al ejercicio de la ciudadanía en este país;
• Recuerdan que la acción viola los principios de libre asociación y libertad sindical consagrados en los convenios internacionales de la OIT, de los cuales el gobierno de Ecuador es signatario;
• Demandan que las autoridades educativas de Ecuador garanticen y promuevan el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadoras/es de educación, y actúen por el fortalecimiento de una gestión democrática, lo que es fundamental para la realización de derecho humano a la educación de todas las personas, así como para la promoción de sociedades más justas, pacíficas e igualitarias.
