9 meses de impunidad desde el crimen de Berta Cáceres.
La lidereza del pueblo originario lenca fue asesinada en Honduras en los primeros días de marzo de 2016, luego de una vida de lucha dedicada a defender los derechos humanos, el ambiente y los bienes comunes, como el agua del río Gualcarque.
Su lucha estaba enfocada contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y todas las sospechas de sus familiares apuntan hacia allí a la hora de pensar en quienes fueron los autores intelectuales del crimen. Los sindicados como autores materiales, entre ellos un militar en actividad, están detenidos. Sin embargo el poder detrás del asesinato de Berta Cáceres sigue gozando de impunidad.
El ambientalista Pedro Landa, integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), dijo en Contacto Sur vespertino que “el mensaje que está quedando en estos 9 meses es que el estado es el que se está negando rotundamente a avanzar con el caso y quiere dejar únicamente como responsables a los autores materiales” mientras que “los autores intelectuales siguen siendo protegidos por este gobierno”.
Entrevistado por Radio Progreso, Landa opinó que el mensaje es de impunidad y es que “la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos no vale en este país y que si hay que seguir asesinando a ambientalistas y a líderes para allanar el camino para que avance el capital extractivo, lo va a seguir haciendo el estado”.
Landa alertó que detrás del crimen de Berta Cáceres “hay grandes empresas y grandes consorcios, inclusive está en tela de juicio el financiamiento que está dando el Banco Mundial a este tipo de proyectos y por eso vimos como su presidente dijo que éste era uno de los muchos casos que pueden suceder y que son como los costos o los daños colaterales”.
Según explicó, desenmascarar la posible participación de “empresas europeas que son las que estaban proveyendo los insumos, las turbinas, los motores y también la parte de ingeniería es un mensaje negativo al mercado” y ni hablar del posible involucramiento “de la familia Atala, que es una de las más poderosas de Centroamérica tanto a nivel de la banca como de las inversiones”.
El ambientalista sostuvo que “para el gobierno no importa la vida de Berta Cáceres, no importa la vida de 111 líderes ambientales que han sido asesinados en los últimos 6 años, lo único que importa es garantizar el éxito de estas empresas sin importar que estén bañadas de sangre y de muerte”.
Por eso lo que queda es “buscar la justicia fuera de nuestro territorio nacional porque vemos que aquí es imposible por el control que tiene el actual presidente de todas las estructuras de justica, y también buscar la solidaridad internacional”.
