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El Instituto Nacional de Migración ya puso en marcha el decreto que favorecerá a miles de personas en migración irregular que atraviesan el país.

La medida consiste en dejar de hacer el cobro de 236.00 dólares, equivalente más de 5 mil lempiras. Desde su aprobación las personas tendrán 90 días para salir del país sin pagar.

Periodista: Inmer Chevez

Producción: Radio Progreso, Honduras

Imagen: Diario Paradigma

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Roberto es de Guanajuato en México, pero sale a trabajar por temporadas al Estado de San Luis, él está al frente de un grupo de personas que llegan de diferentes comunidades indígenas de México a trabajar en el corte y cosecha de tomate.

“Uno los tiene que apoyar, porque no todas las actividades le rinden de la misma manera…cuando nosotros vemos que la persona no rinde el cien por ciento, tratamos de acercarnos a ellos”, dijo Roberto.

 

Periodista: Mónica López

Producción: Radio Huayacocotla, México

Imagen: Cortesía

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El apoyo que brindan a las personas retornadas, es darles insumos para que desarrollen emprendimientos y esos productos que elaboran, posteriormente son ofrecidos en las ferias que realiza la alcaldía del municipio.

“A mí, me ha ayudado bastante OIM, me han apoyado económicamente durante un tiempo para poder seguir con mi emprendimiento”, dijo Andrés Cruz, uno de los beneficiados.

Periodista: Finnela García

Producción: Arpas, El Salvador

Imagen: Radio Guazapa

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Entrevista a Mercedes Pérez, integrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), atiende el programa de atención al migrante retornado, quien manifiesta que las deportaciones han aumentado en el país.

“Efectivamente, sí hemos visto una cantidad mayor en comparación al año pasado. En este momento ya casi estamos llegando a los 55 mil deportados, entre ellos hombres, mujeres, niños, todos estos menores de edad”, dijo Pérez.

Asimismo, manifestó que la gente va y viene en esa ruta migratoria y que las personas siguen saliendo todos los días.

 

Periodista: Inmer Chevez

Producción: Radio Progreso, Honduras

Imagen: CASM Menonita

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La Defensoría del Pueblo, abrió una sede en el municipio de Puerto Santander para atender a la población que se moviliza entre Colombia y Venezuela, a víctimas del conflicto armado y a personas retornadas.
La delegada de movilidad tiene ese conjunto de servicios, dijo Valdemar Niño asesor que forma parte del equipo de la defensoría.

“La delegada de movilidad humana cuenta con una metodología que son las casas de los derechos que ya están en varios municipios del país y la última que se pudo lograr con apoyo de cooperación internacional es en Puerto Santander", dijo el asesor.

Periodista: Marta Martínez

Producción: Entre Parceros y Panas

Imagen: Cortesía

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