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La primera infancia abarca de 0 a 8 años y para ubicarnos implica derechos desde el principio de la vida, sin embargo estamos en deuda para hacerla visible en la agenda de prioridades y de atención de políticas públicas, y no como suele verse en anexo de otras políticas sociales.

El derecho de la educación en primera infancia no está siendo garantizado por los Estados, apenas se ve como una transición para el ingreso a la primaria del sistema formal educativo. Se exige un presupuesto adecuado con una mirada holística que respete la interrelación con otros derechos.

Con la pandemia y pospandemia se han agudizado las múltiples desigualdades que vivimos, así como el insuficiente acceso a la educación, porque no ha existido una disposición permanente que repercuta en el bienestar integral de los grupos familiares. Los datos que ofrece la OMEP denuncian la precarización de las condiciones de hacinamiento, de maltrato y abuso infantil que hay en algunos entornos familiares con riesgo a aumentar, por lo tanto es importante el acompañamiento a claves como la atención de salud mental y emocional.

En ausencia de programas de sostenimiento estatal, se subraya la precarización de condiciones de mujeres, que en su mayoría como madres y abuelas se responsabilizan del cuidado de niños y niñas. La presencialidad ha incorporado un aprendizaje de la pandemia, el fortalecimiento, promoción y gestión comunitaria que demostró en los tiempos de cierre de establecimientos educativos, la potencialidad de cuidado compartido y alimentación comunitaria.

Diálogo con Desirée López de Maturana, Vicepresidente de la Organización Mundial de Educación Preescolar, OMEP Latinoamérica.

Producción: María Cianci Bastidas, coordinación General ALER

 

Imagen: Universidad de Costa Rica. Acción Social

Testimonios musicalizados: CLADE

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